Última resolución
El Supremo, descolocado con el aval del TGUE a la suspensión del procedimiento contra Puigdemont
La justicia europea rechaza la pretensión del 'expresident', pero le blinda ante posibles detenciones incluso en España
El alto tribunal, a la espera de la respuesta de Europa a la cuestión prejudicial belga y el fallo definitivo sobre la inmunidad
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La resolución del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de rechazar la pretensión de levantar la suspensión de la inmunidad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la vez declara suspendido el procedimiento abierto en su contra por su responsabilidad en el 'procés' ha dejado descolocado al Tribunal Supremo, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
El Supremo ha visto con asombro cómo un auto cuyo fallo es favorable a sus intereses resulta justo todo lo contrario en los fundamentos jurídicos, que es la parte de la resolución en la que el TGUE da a conocer los argumentos que sustentan su decisión. Así, la sentencia descarta la pretensión de Puigdemont de devolverle la inmunidad, porque su arresto del pasado septiembre en Cerdeña no le produjo "un perjuicio grave e irreparable", puesto que quedó en libertad y la reclamación española en su contra se declaró paralizada.
Los fundamentos ahondan en esta línea, pero no solo declara suspendidas las euroórdenes, mientras se tramita la cuestión prejudicial cursada por el Supremo ante la negativa de Bélgica a entregar al 'exconseller' Lluís Puig, sino el propio "proceso penal" seguido contra los huidos. El tono que utiliza es muy contundente sobre la posibilidad de que no pueden ser detenidos para ser entregados a España, por lo que no hay que volver a declarar su inmunidad.
De hecho, afirma que la experiencia italiana viene a "confirmar que las autoridades judiciales de ejecución no tienen intención de ejecutar las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre esta petición y que, por tanto, dichos diputados no corren el riesgo de ser entregados a las autoridades españolas en esta fase".
Solo cabe esperar
Incluso va más lejos, porque a continuación añade que "por lo demás y en cualquier caso, en virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales deben tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados". Ello lleva a pensar que lo que está diciendo realmente el TGUE es que ni siquiera podrían ser detenidos en España. A la pregunta de qué se puede hacer ante esta resolución desde el alto tribunal se responde que no queda más que "esperar".
"En virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales deben tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas", ordena el TGUE
Hay dos asuntos pendientes en la justicia europea. Uno es la cuestión prejudicial que el Supremo elevó y que siempre ha mantenido que se trata de una consulta que solo debería afectar a Bélgica, no al resto de países, porque lo que quiere aclarar es si un país puede negarse a entregar a una persona con el argumento de que el tribunal que lo reclama no es el competente, como alegó para denegar la entrega de Puig. El otro asunto pendiente es el recurso que Puigdemont ha presentado contra la concesión del propio suplicatorio y, por tanto, la retirada de su inmunidad.
El procedimiento seguido contra Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí quedó en suspenso en el alto tribunal desde que huyeron, pero puede ser reactivado en cuanto estén a disposición de la justicia española. Por eso ha sorprendido que la resolución parezca vetar el arresto de los eurodiputados hasta en España, aunque aquí no dependa de euroorden alguna. Fuentes del alto tribunal, no obstante, apuntan a que sería posible, aunque se les tuviera que permitir desplazarse al Parlamento europeo en ciertas sesiones de especial trascendencia.
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