Las cuentas catalanas

Las 5 nuevas exigencias de la CUP para aprobar los presupuestos

  • Los anticapitalistas reclaman al Executiu avances en macroproyectos, vivienda, fiscalidad, hoja de ruta independentista y orden público

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP / Job Vermeulen

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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La CUP se sacude la presión y pasa la pelota al Govern. Los anticapitalistas emplazan al Executiu a exhibir cuál es su socio preferente para garantizar la aprobación de los presupuestos para el 2022 y lanza una propuesta dispuesta a negociar "hasta el último minuto" para mejorar las cifras ofrecidas por el 'conseller' de Economia, Jaume Giró. En la reunión del martes en Palau, una vez anunciado el veto cupero, el propio 'president' Pere Aragonès reclamó "concreciones" a la CUP para buscar el aval de sus nueve diputados y los anticapitalistas respondieron después con una propuesta sobre papel que incluye cinco ámbitos: macroproyectos, vivienda, fiscalidad, hoja de ruta independentista y orden público. Estos son los detalles de la oferta:

Fiscalidad

La CUP vuelve a poner sobre la mesa del Govern una reforma fiscal que el ‘conseller’ de Economia ha rechazado en varias ocasiones. Los cuperos descartaron una oferta del Govern para rebajar la carga fiscal en el tramo del IRPF de las rentas inferiores a los 30.000 euros, porque su planteamiento pasa por gravar a las rentas más elevadas. Así, insisten en la creación de un nuevo tramo de IRPF -a partir de los 60.000 euros anuales y hasta los 90.000 de +0,5%- y rebajar el tope a las personas exentas de pagar el impuesto de patrimonio, así como gravar entre un 1% a los que tienen 1 millón y hasta un 3% a los que tienen más de 50 millones de euros. Fuentes del partido defienden que esto sólo afectaría a un 5% de la población catalana y que sería una redistribución de la riqueza “justa y proporcional”. También reclama que se desarrollen los impuestos de la ley contra el cambio climático (el Govern prevé impulsar ya el de los cruceros) y que haya un impuesto a las segundas residencias. 


Vivienda

En materia de vivienda, los anticapitalistas mantienen en que el proyecto de presupuestos se queda corto respecto al pacto de investidura forjado con ERC. Los 1.000 millones de euros prometidos para políticas de vivienda se quedan en 749 millones de euros. La CUP reclama que se alcance el tope fijado tras las elecciones y que esta parte que falta (251 millones de euros) se dediquen íntegramente a aumentar el parque público de vivienda, que se sitúa en el 2%. La Generalitat contempla adquirir unas 1.050 viviendas públicas nuevas por la vía de tanteo y retracto (un 70% de partida más) y construir otras 2.000 para dedicarlas a alquiler social (un 515% de inversión), lejos de las 5.000 pactadas inicialmente. También prevén 100 millones de euros para ayudas al alquiler (53.000 familias beneficiarias) y reforzar la inspección para el cumplimiento de la ley de vivienda y de alquileres. Por otro lado, la CUP exige a Junts que retire las enmiendas a la ley antidesahucios porque “desvirtúan el espíritu” de la norma que se está trabajando desde el Parlament y que, a su juicio, incumple pactos previos entre las fuerzas independentistas.


Macroproyectos

Los ‘cupaires’ reclaman que se acaben los macroproyectos y se apuesta por la reindustrialización desde un enfoque de transición ecológica. La retirada de la inversión de 120 millones de euros para el Hard Rock en el Camp de Tarragona no basta para la CUP, que avisa de que el Govern mantiene su apuesta por este macroproyecto aunque intentarán que no perjudique a las arcas públicas, sino que se limita a unos fondos que se recuperarían cuando el inversor compre los terrenos. De hecho, el propio Giró ha defendido en el Parlament que la iniciativa "está donde estaba", al margen de la negociación de los presupuestos y a la espera del plan urbanístico que, cuando esté listo, pasará a la Comisión de Urbanismo para tratar su aprobación. En cuanto a la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno, defienden la consulta –para la que se prevén 800.000 euros- aunque les gustaría que no se llevara a cabo. Asimismo, piden que se acabe con la transferencia de fondos al Circuït de Catalunya y que el Govern aclare cuál es su postura sobre la ampliación del Aeropuerto de El Prat, así como del plan de Aena en Reus y Girona. En este sentido, fuentes de la formación critican que se aprobara un plan para la reforma del puerto de Barcelona. Además, cargan contra Junts por coquetear con el PSC a favor de este tipo de proyectos.


Hoja de ruta independentista

El ‘procés’ está donde estaba y eso molesta a la CUP, que afea al Govern la falta de avances en la consecución de una consulta que, antes, debería ser compartida por el conjunto del independentismo. De ahí que los anticapitalistas exijan señales para cumplir con lo pactado en el acuerdo de investidura, “generar las condiciones y los acuerdos necesarios para que podamos plantear un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada”, y también fijar “un límite temporal a la mesa de diálogo”, que se estableció el 2023 para revisar sus avances. En este punto, fuentes del partido critican que se esté “estabilizando al Estado” con “Junts pactando una reforma del aeropuerto en Madrid y con ERC negociando los Presupuestos Generales del Estado”. Por el contrario, piden marcar el “horizonte” soberanista.

Orden público

La CUP hurga en que la Generalitat debe retirar las acusaciones particulares contra manifestantes independentistas y el Govern ya se ha comprometido a revisarlas para echarse atrás siempre que los agentes no acrediten lesiones con certificado médico y en el caso de que no se pueda demostrar la autoría de la agresión. En cuanto a la aplicación de la ‘ley mordaza’, solicitan que no se multe aplicando esta normativa y que se revisen las que están en trámite.