Las claves
Así ha acreditado la justicia (dos veces) la caja b del PP
Dos sentencias de la Audiencia Nacional han declarado acreditada su existencia y el uso de dinero negro por el Partido Popular
Las resoluciones incluyen ciertos matices al pronunciarse en relación con la trama Gürtel y la reforma de su sede central

Luis Bárcenas a la salida de la cárcel. /
Cuando se celebra un juicio, el tribunal tiene que abstraerse del resto del mundo y de las sentencias ya dictadas para centrarse en las pruebas que se presentan ante él. Por eso a veces las sentencias no son idénticas al establecer la “verdad judicial” sobre unos mismos hechos. Aún así, ya son dos las que han declarado acreditada la existencia de la caja b del PP. Con matices, la sentencia de la primera época de la Gürtel y la del juicio de la caja b del PP o de los 'papeles' de Bárcenas, coinciden en lo fundamental.
Qué es la caja b

Al juzgar la pieza principal del caso Gürtel, la Audiencia Nacional declaró acreditada la existencia de una caja b, que se nutría con parte de las comisiones cobradas por la trama corrupta liderada por Francisco Correa. La describió como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente" por el extesorero Luis Bárcenas para dejar constancia de "los ingresos y gastos del partido" y en ocasiones de los pagos recibidos por sus "miembros relevantes".
La de los 'papeles' de Bárcenas la describe como "una contabilidad paralela -contabilidad b- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”.
Donaciones finalistas o no

En lo que no coinciden ambas resoluciones es en si las donaciones que nutren la caja b se pagaban por un contrato concreto (eran finalistas) o no. Mientras la de la Gürtel declara que lo eran, la de la caja b dice que no o más bien que no puede pronunciarse, porque "la procedencia y finalidad de las donaciones aportadas al PP se sigue investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5".
Añade que para no solaparse con lo que seguía en instrucción "determinadas aplicaciones o pagos quedaron excluidos (como los sobresueldos a determinados cargos políticos y los gastos electorales)"; su "ámbito de enjuiciamiento quedó limitado a determinar los hechos y su relevancia penal en relación a la llevanza y gestión de una contabilidad b para el control interno de las donaciones recibidas por la formación política" y "a determinadas salidas o pagos en b, como las obras de reforma de la sede central del partido a Unifica".
Organización criminal

La sentencia de la Gürtel declaró probado que el grupo empresarial de Correa y el PP tejieron "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" a través de la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local", mientras que la de la caja b niega el delito de organización criminal, porque, sin perjuicio de lo que se declare en la parte que sigue en instrucción, no ha visto indicios "de una trama organizada por empresarios y dirigentes del PP para captación de fondos y financiación irregular del partido, usada para campañas electorales, mantenimiento del partido y sobresueldos".
Las pruebas

La sentencia de la caja b señala que los apuntes de Bárcenas "carecen de valor en su integridad como documento contable", aunque "ha de entenderse que recoge algunos acontecimientos que son reales o verosímiles en tanto han sido corroborados con otras pruebas". Entre ellos cita "los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede".
La de la Gürtel declaraba "contundente" la prueba de la existencia de la caja b, pese a que la negaron Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Pío García Escudero, a los que resta credibilidad, porque admitirla "significaría" no solo confesar la práctica irregular de la "formación política a la que pertenecen o han pertenecido", sino también "reconocer haber recibido (...) pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien no son delictivos, pudieran ser merecedores de un reproche social".
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