Lo que Sánchez y Aragonès pueden poner encima de la mesa (con permiso de Puigdemont)

Desde el 1-O, Carles Puigdemont ha sufrido un doble proceso de demonización y de santificación que se retroalimenta. Para una parte de la opinión pública en Catalunya y en España, y para la alta magistratura judicial, meterlo en la cárcel se ha convertido en una obsesión sin la más mínima dosis de autocrítica. Para una parte del independentismo, cada escaramuza del expresidente con la justicia europea es un acto de heroicidad que no merece el más mínimo reproche a las extravagancias que conlleva. Puigdemont paga un coste personal para mantener vivo al personaje a la espera de un presunto final glorioso en forma de rapapolvo de Europa a la justicia española que, dentro de una década, le permita volver en olor de multitudes. Pero entre sus promotores también hay quién se pregunta, ¿y entonces qué? Pues entonces el problema será el mismo que tienen los partidarios de la mesa de diálogo: ¿qué se puede pactar de manera realista?

En las bambalinas se empiezan a intercambiar algunas ideas muy preliminares. Por ejemplo, la posibilidad de volver a aprobar y votar el Estatut del 2010 sin las correcciones que incorporó el Tribunal Constitucional. Para ello, el independentismo debería hacer el esfuerzo de volver a lo que llama la “pantalla autonomista” y el Gobierno de coalición debería desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y asegurar que no se volvería a tumbar. Un segundo capítulo sería la aprobación de un sistema de financiación para Catalunya similar al concierto vasco. A favor tiene que, desgraciadamente, el peso en el PIB va bajando y el impacto puede ser menor. En contra que, en el resto de España se acepta históricamente la singularidad vasca pero no la catalana. Y aquí el café para todos es poco viable. El tercer punto que se apunta sería una devolución de competencias por la vía de los derechos históricos que permitiera a la Generalitat tener poder para regular lo que algunos llaman el Ibex catalán, o lo que queda de él. Un menú complicado y con poca épica pero con la ventaja de evitar reformas constitucionales o votaciones en toda España. 

Para el Gobierno de coalición, incluso en la versión pragmática conducida por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, cualquier avance en esta dirección es impensable antes de las elecciones municipales del 2023. Y tampoco está claro que al independentismo le encaje algo antes. Y es mucho tiempo para seguir manteniendo viva la llama del diálogo sin acordar nada y soslayando cualquier tipo de accidente en el camino. Se van a librar muchas batallas locales pero, muy especialmente, la de Barcelona. Esta semana veremos movimientos tectónicos en la sociedad civil para armar un proyecto de ciudad alternativo al de Ada Colau, o a su inexistencia. Esta vez la vía elegida no es la que se intentó con Manuel Valls de frente antiindependentista, sino la búsqueda de un mínimo común denominador para tejer pactos por encima de los bloques y aislar toda ecuación que pase por la actual alcaldesa. Ese proyecto común puede actuar de lubricante en las conversaciones entre bambalinas que pretenden alimentar la mesa de diálogo con contenido ejecutable. El drama de estos movimientos políticos es que chocan en la sociedad líquida con la épica de personajes como la propia Colau o Puigdemont, a los que no les hace falta tener razón mientras mantengan viva la pasión.