El Consejo de Europa vuelve a tirar de las orejas a España por la renovación del CGPJ

Nuevo toque de atención a España del Consejo de Europa a cuenta del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), publicado este jueves, lamenta la falta de “avances positivos tangibles” al respecto e insta a las autoridades españolas a cumplir sin demora con la recomendación de que la elección de los vocales sea realizada por los propios jueces y no por los políticos. “Esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias”, advierten.

El documento se hace eco de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez y subraya que “la información aportada por las autoridades españolas no aporta nada nuevo. La situación es exactamente la misma a la del informe de 2013 y las preocupaciones expresadas por el GRECO siguen igual, si no más que antes”, señala el documento que reitera la importancia de consultar al poder judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y sus prioridades. 

“Los debates necesarios a este respecto con otros poderes del Estado deben celebrarse en un clima de respeto mutuo y tener especialmente en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del poder judicial”, recomienda el documento en lo que parece un reproche a la batalla política desatada entre los partidos en el gobierno y la oposición que lidera el PP por una renovación que lleva estancada desde hace más de dos años y que ha trascendido a foros internacionales. 

Independencia judicial

No es el único reproche. El informe recuerda que uno de los objetivos más importantes de un consejo judicial es salvaguardar la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica, lo que se logra haciendo que los jueces sean elegidos por sus pares y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no intervengan en ninguna etapa del proceso de selección. El resultado en el caso de España, advierten, ha sido “todo lo contrario, como lo demuestra la reiterada inquietud pública en este ámbito”. 

El informe también reconoce que ha habido una mejoría en cuanto a la transparencia y objetividad de los nombramientos para las más altas funciones del poder judicial, pero señala que se puede hacer más para simplificar los requisitos aplicables en este ámbito y reconsiderar la inclusión de candidatos no preseleccionados tras las entrevistas. Aún así, el GRECO lamenta que las críticas sobre la percepción de la politización del CGPJ repercuten negativamente en las decisiones de nombramientos adoptadas por este último. 

"Incluso si los procedimientos para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura se han articulado y mejorado con el tiempo, persiste a los ojos de los ciudadanos una sombra de duda sobre su imparcialidad y objetividad”, admite el informe que recuerda la importancia de la composición del CGPJ dado su amplio margen de discrecionalidad para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura.

Papel de la Fiscalía General

El balance tampoco es plenamente positivo en cuando a la prevención de la corrupción en el ámbito de los fiscales. Entre las recomendaciones figuran: reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general, establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre fiscal general y gobierno y, por último, estudiar vías para dotar de una mayor autonomía al ministerio fiscal. El informe concluye que no se ha producido “ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del Fiscal General”, lo que empaña la percepción de autonomía del ministerio fiscales, aunque ha habido algunos avances en cuanto a la transparencia y autonomía. 

Además, el GRECO reitera sus dudas sobre el hecho de que el Ministerio de Justicia “decida sobre la asignación de personal en las diferentes fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada”, ya que la autonomía de gestión es una garantía importante de la independencia y eficiencia del Ministerio Fiscal. También hace hincapié en el marco de la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la necesidad de garantizar la no injerencia de las presiones externas. Una situación que exige, a juicio de este órgano, “más esfuerzos” y una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas.

Medidas entre los diputados

Menos reproches figuran en cuanto a la prevención de la corrupción respecto al Parlamento. El informe destaca la aprobación de un código de conducta para diputados y senadores “consensuado, bien pensado y exhaustivo”, con unos requisitos de transparencia reforzados y un mecanismo de cumplimiento. El GRECO también destaca que el régimen de información financiera y de intereses de los parlamentarios es en general razonablemente completo aunque alienta a las autoridades españolas a mejorarlo en el futuro con un desglose más detallado de ciertas categorías de intereses como información sobre el valor de mercado de inmuebles y vehículos, nombres de las empresas a las que pertenecen las acciones y participaciones. Los claroscuros persisten en cuanto a las relaciones de los parlamentarios con los grupos de interés por la falta de una reglamentación concreta.

El documento, aprobado en la asamblea de marzo pasado y cuya publicación ha sido autorizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, analiza los progresos realizados por España en el cumplimiento de las once recomendaciones de 2013 sobre medidas contra la corrupción entre diputados, jueces y fiscales. Los autores del informe reconocen las dificultades en 2019, debido a la celebración de dos elecciones generales, y en 2020, a causa de la pandemia y el estado de alarma, que han retrasado o dejado en suspenso varias reformas previstas, también en materia de lucha contra la corrupción.