JUEGO DE TRONOS

Lo que Llarena y Puigdemont se llevan por delante

Bar Casa Manolo.

Bar Casa Manolo. / José Luis Roca

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Albert Sáez
Albert Sáez

Director de EL PERIÓDICO

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No es normal encabezar una crónica política con el nombre de un juez. No hace falta caer en las garras del independentismo mágico y comparar a España con Turquía para defender que eso no debería ser así. Y si esto ocurre no es por una injerencias extra constitucional del poder judicial. Ni tampoco porque este sea un Estado sin división de poderes. Lo es por el fracaso de la política. En primer lugar en los tiempos de la transición que, en una decisión comprensible por el contexto, se aceptó dar protección judicial a la forma de Estado en lugar de mantenerla en el terreno, justamente, del consenso constitucional. De ahí el periplo de los delitos de rebelión y sedición hasta su práctica desaparición. Unos temían que las mayorías políticas fueran en una dirección que no les convenía. Y otros que el poder ejecutivo utilizara el ejército para fines espurios. Y de dos miedos contrapuestos no surge nada bueno. En segundo lugar, estamos aquí por el quietismo de Rajoy en la década pasada. Un quietismo que ha exasperado al poder judicial y a la Casa Real. Pero aquí estamos para explicar cómo las bambalinas determinan el teatro de la política. Y esta semana, las bambalinas son judiciales.

Otra vez la Abogacía del Estado

Un punto de conexión cotidiano entre el poder ejecutivo y el judicial es la Abogacía del Estado, un cuerpo jurídico de élite que defiende la legalidad en toda causa judicial y los intereses de las administraciones pero que depende jerárquicamente del Gobierno, más aún que la Fiscalía. Lo vimos en la calificación final en el juicio del procés que se llevó por delante a Edmundo Bal. El nudo gordiano de lo que está pasando ahora en Italia está en lo que pasó en el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) en julio como ha explicado Ángeles Vázquez. Las autoridades españolas comunicaron que las euroórdenes estaban suspendidas, de manera que no era preciso mantener la inmunidad a Puigdemont porque podía ejercer de eurodiputado mientras el Parlamento dirimía si se la retiraba definitivamente. Y aquí está el nudo político de la batalla judicial actual: ¿ordenó el Gobierno a la Abogacía del Estado que diera esa versión en su estrategia de distensión con el independentismo como ya ha empezado a insinuar la oposición del PP y Vox? ¿O fue el juez Pablo Llarena el que ocultó que las órdenes de detención estaban vigentes salvo en Bélgica donde había presentado una cuestión prejudicial como proclaman los partidarios del expresident? Sea como sea, la justicia ciega, cuando dirime cuestiones relacionadas con políticos, provoca efectos colaterales que no por indeseados son menos importantes.

¿A quién le interesa un Junts fuerte?

La capacidad de resiliencia de Carles Puigdemont es el principal activo político de Junts per Catalunya que ha hecho del fracaso del diálogo que promueve Esquerra su principal bandera política. La semana pasada la intervención del expresident en la Asamblea Francesa quedó eclipsada por la reunión de Sánchez y Aragonès. Quienes aborrecen a Esquerra, los sectores más inmovilistas del empresariado, o quienes compiten con ella, una parte del socialismo catalán, saben que dar alas a Puigdemont, sin pasarse, debilita a los republicanos a pesar de que sean ahora los partidarios del diálogo. Este cálculo tacticista no debe perderse de vista porque es el mismo que llevó a Zapatero -por cierto que ahora se pasea por los ministerios como nunca lo había hecho un expresidente- a pactar con Mas el Estatut. Unos barros que han traído, también, estos lodos.


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