El Congreso rebate los argumentos de Vox contra el estado de alarma

El Congreso de los Diputados no se "paralizó" durante el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus, ni se cercenaron los derechos de los diputados ni se vio afectado el control al Gobierno y que las decisiones que tomó la Mesa de la Cámara fueron "proporcionadas", teniendo en cuenta que había un confinamiento nacional y había que preservar la salud pública.

Estos son los argumentos con los que la institución que preside Meritxell Batet replica a las alegaciones que presentó Vox ante el Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la tramitación del recurso para pedir la inconstitucionalidad del estado de alarma, y sobre el que el TC está ya preparando una sentencia.

Estas son las claves de la sentencia del TC que declara inconstitucional el confinamiento del estado de alarma

Según el Congreso, lo único que se suspendió tras el primer estado de alarma fueron "los plazos reglamentarios" que afectaban a las iniciativas que entonces estaban en tramitación, así como los "plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos". Y se hizo gracias a un acuerdo de la Mesa de la Cámara con efectos desde el 14 de marzo. Un mes después, el 13 de abril, se levantó la suspensión de los plazos que afectaban a las iniciativas parlamentarias, aunque se mantuvieron hasta el 1 de junio las que aludían a los plazos administrativos, y que afectan a asuntos como oposiciones o concursos.

La Cámara baja niega que, como sostiene Vox, esa suspensión de plazos supusiera la "paralización" de la actividad parlamentaria ni la "completa interrupción" de la misma. Admite que la suspensión de plazos sí afectó a la tramitación de iniciativas legislativas, en la medida en que se vieron afectados los plazos para la presentación de enmiendas, pero no así al control al Gobierno.

Tres plenos y varias comisiones

En concreto, subraya que el Pleno se reunió en tres ocasiones entre el 14 de marzo y el 13 de abril --con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, la Comisión de Sanidad otras tres --para escuchar las explicaciones del entonces ministro del ramo, Salvador Illa-- y también hubo una reunión de la Comisión de Trabajo. Asimismo, esgrime que la Mesa siguió calificando iniciativas de los grupos relativas al control y que se recibieron más de mil respuestas escritas por parte del Gobierno. Además, recalca que "el Parlamento no se cerró, ni dejó de existir", sino que "continuó trabajando, adaptado, eso sí a las circunstancias extraordinarias derivadas de la declaración del estado de alarma".

El Congreso admite que la situación de excepcionalidad que produjo el estado de alarma le obligó a buscar fórmulas para preservar el derecho de los parlamentarios a ejercer su función teniendo en cuenta las restricciones de presencialidad --derivadas del confinamiento-- y la necesidad de preservar la salud de diputados y personal de la Cámara. Por eso sostiene que la suspensión de plazos estaba "justificada" y fue una medida "razonable y proporcionada" y que, en cualquier caso, la decisión de la Mesa no fue "autónoma o libre", sino que venía condicionada por las circunstancias.

La Cámara esgrime también que el Legislativo no podía "sustraerse al cumplimiento de las normas públicas generales vinculantes", es decir, las contenidas en el decreto del estado de alarma, y que, en cualquier caso, mantener una actividad similar a la de "tiempos de normalidad" habría supuesto un "ejercicio de irresponsabilidad" que habría contravenido el artículo 9 de la Constitución, al poner en riesgo la salud de quienes desarrollan su labor en el Congreso.

Vox confinado

De hecho, como prueba de la percepción del riesgo que tenía Vox, recuerda que sus diputados se pusieron voluntariamente en cuarenta el 10 de marzo tras conocerse que su secretario general, Javier Ortega Smith, estaba infectado, y solicitaron que se parara toda actividad en el Pleno y las comisiones hasta que tuvieran la certeza de que podían volver a la Cámara "sin riesgo alguno para la salud".

Además, el Congreso alega que otras instituciones adoptaron medidas similares de suspensión de plazos, como el propio Tribunal Constitucional, que, remarca "suspendió los plazos procesales y administrativos durante la vigencia el estado de alarma".