La Abogacía del Estado y la Fiscalía niegan que la inmunidad de Puigdemont le libre de la fianza

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas coinciden en sendos informes en pedir el rechazo de las alegaciones presentadas por los 34 exaltos cargos de la Generalitat a los que se ha fijado una fianza de 5,4 millones de euros por el presunto uso irregular de dinero público en la acción exterior catalana y el Diplocat. En concreto, ambas instituciones niegan que la inmunidad que el escaño de eurodiputado confiere al expresidente catalán Carles Puigdemont le exima de tener que entregar la cantidad que se le fijó y que el pasado mes de julio ya afrontó junto al resto de encausados a través de avales por los que responde el Institut Catalá de Finances (ICF).

En los escritos presentados por ambas acusaciones públicas, a las que ha tenido acceso este diario, se rechaza la pretensión del expresidente con argumentos similares. El fiscal jefe de Sala ante el órgano fiscalizador, Miguel Ángel Torres, y el abogado del Estado se remiten al protocolo sobre los privilegios y las inmunidades en la Unión Europea para negar que "resulte de aplicación a un procedimiento de naturaleza administrativa, dirigido a determinar la exigencia de responsabilidades contables". En palabras de los Servicios Jurídicos del Estado, "resulta claro" que el precepto alegado "no tiene ninguna repercusión sobre el presente procedimiento y no existe ninguna inmunidad en relación con la exigencia de responsabilidades contables en general y en particular en esta fase previa instructora".

Ambos añaden que el procedimiento seguido por responsabilidad contable "no limita, en forma alguna, el derecho a la libertad de movimientos del recurrente ni tiene naturaleza penal o sancionadora", por lo que carece de sentido la pretensión de Puigdemont de solicitar que se anule la caución requerida, al entender que su inmunidad como europarlamentario "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". Además, el fiscal recuerda que el Parlamento Europeo le ha retirado la inmunidad, "decisión que se mantiene de acuerdo con el auto del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea" del pasado 30 de julio.

En su recurso, el expresidente catalán argumentaba que el procedimiento seguido por la delegada instructora supone "la derogación de las competencias en materia de acción exterior de la Generalitat" y argumentaba que la afirmación realizada por la delegada instructora durante el acto de liquidación de que su inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales es "contraria a derecho".

Pendientes de los avales

En lo que aún no se ha pronunciado la Abogacía del Estado es en relación con la legalidad de los avales presentados para cubrir la fianza. La delegada instructora del procedimiento se lo solicitó con urgencia el pasado mes de julio para dar por cubierta la garantía exigida o, en su caso, proceder al embargo de los bienes de los encausados. A principios de agosto, el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, se situó en contra de ese informe al entender que se puede producir un "conflicto de intereses" y se corre el "riesgo de nulidad" del procedimiento.