Puigdemont ve "guerra sucia" en la investigación sobre los contactos de su entorno con Rusia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido este viernes un comunicado en el que critica las informaciones desveladas por EL PERIÓDICO sobre supuestos vínculos entre personas de su entorno y los servicios de inteligencia de Rusia. En una nota en la que en ningún momento niega los contactos que investiga el juez, la oficina de Puigdemont, cuyo jefe es Josep Lluís Alay, uno de los dirigentes del 'procés' que aparecen en las conversaciones, sostiene que las conclusiones del sumario tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de "falsedades, incongruencias e intoxicaciones".

Según el líder de Junts, el único objetivo de dicho informe es "criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional, presentándolo como un elemento desestabilizador". "Las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad. Existen muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, cosa que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa", asevera Puigdemont.

El 'expresident' deja claro que las conversaciones privadas "no tienen nada que ver con un delito", sino que son "un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Catalunya", con el objetivo, según él, de acabar con el movimiento independentista, que define como "legítimo, legal y democrático".

Actividades legales

La oficina de Puigdemont afirma que todas las "actividades internacionales" del 'expresident', de Alay y de su equipo jurídico son "perfectamente legales" y tienen por objetivo "contribuir a la resolución del conflicto político". Y recuerda que el fiscal de Barcelona ha solicitado el archivo de esta causa contra Alay al considerarla "investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática".

"Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario", concluye el comunicado.