18 de julio

Víctimas del franquismo exigen una condena del Estado

Reclaman al Gobierno que la ley de Memoria Democrática ponga fin a la impunidad y anule las sentencias franquistas

Una concentración reclama frente al Congreso una Ley de Memoria contra la impunidad del Franquismo

Una concentración reclama frente al Congreso una Ley de Memoria contra la impunidad del Franquismo. /

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo han reclamado este domingo, 18 de julio, una condena del Estado al golpe de estado contra el Gobierno de la Segunda República y la aprobación ya de una Ley de Memoria "que ponga fin a la impunidad del franquismo".

Un centenar de familiares y simpatizantes de víctimas de la dictadura se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para que el Gobierno incluya en su proyecto "un reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo al nivel de otras reconocidas por el Estado español, como las del terrorismo", "la anulación de las sentencias franquistas, incluyendo una declaración de ilegalidad de los tribunales represivos y de los consejos de guerra, así como la judicialización de las fosas comunes, que no sea con un sistema privatizado".

El Gobierno tenía previsto aprobar el pasado 13 de julio el proyecto de ley de Memoria Democrática, pero se aplazó por la remodelación del Ejecutivo.

Una nueva ley catalana

Por otro lado, el PSC ha registrado en el Parlament una proposición de ley pionera, que prevé multas de hasta 150.000 euros para quien promueva actos que conlleven "descrédito, menosprecio o humillación" para las víctimas del franquismo, o bien honores para quienes apoyaron la dictadura. Con esto, pretenden unificar en un nuevo texto la del memorial democrático de 2007, la de fosas de 2009 y la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo de 2017.

Después de que una jueza suspendiera de forma cautelar la retirada del monumento franquista de Tortosa al concluir que, si se lleva a cabo su desmontaje antes de que se resuelvan los recursos para que permanezca en el lugar, será "imposible o muy difícil" restituirlo, la CUP ha exigido una retirada "inmediata" porque mantenerlo supone "un insulto a la memoria".