El juez envía a juicio a Ignacio González y López Madrid por las obras del tren a Navalcarnero

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor entre otros de 'Lezo', 'Púnica' y del 'caso Villarejo', va cerrando poco a poco las piezas en las que se dividió el primero. El turno le ha tocado a la pieza relativa a la presunta adjudicación irregular de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid). El juez envía a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid por delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas.

El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este diario, también se dirige contra el empresario Adrián de la Joya, el exconsejero de OH Rafael Arturo Martín, el que era director de control de Gestión de esa misma compañía Felicísimo Damián Ramos y el expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de conclusiones cuatro años de prisión para González y De Miguel y seis años y medio para López Madrid y el resto de empleados de OH, así como tres y medio para De la Joya, por la adjudicación en 2007 a una UTE en la que participaba OHL por ser la oferta más ventajosa.

Según el juez, "en realidad, la presentación de esa oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Francisco Javier López Madrid ‒Consejero de OHL en el momento de los hechos‒ y Rafael Arturo Martín de Nicolás, consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta".

Pero "en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid --consejero dominical de OHL en el momento de los hechos-- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas". Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

Una comisión de dos millones

"Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares --aproximadamente 1,8 millones de euros-- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de (la empresa pública) Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad", dice el juez.

"Para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión todos ellos contaron con la colaboración esencial de los acusados Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya, quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello", señala el magistrado, que añade que "la actuación conjunta" de todos ellos "permitió que OHL destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión de construcción de la línea de transporte ferroviario Móstoles Central–Navalcarnero".

Así, entre el 25 de julio y el 12 de septiembre de 2007, cuando "el concurso todavía estaba tramitándose, López Madrid, aprovechando su estrecha relación personal con el acusado Ignacio González, convino con este que utilizara su posición preeminente como alto cargo de la Comunidad de Madrid sobre Jesús Trabada para asegurarse la adjudicación del contrato, lo que merced a su intervención personal así aconteció, así como el posterior modificado que permitiera a OHL compensar la merma de ingresos. A tal fin, López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás acordaron destinar 2,5 millones de dólares de los fondos de OHL para pagar a Ignacio González, así como a Ildefonso de Miguel Rodríguez, que intervendría como intermediario". Se pagaron a través de México y para ello se utilizaron las empresas y contactos que Adrián de la Joya tenía en México y Suiza.