Una entidad externa revisó subvenciones investigadas de la Diputación de Barcelona

Una entidad externa a la Diputación de Barcelona revisó expedientes de subvenciones otorgadas en la época de CiU que están siendo investigadas por el juez Joaquín Aguirre en la causa por presunto desvío de fondos públicos a la financiación del ‘procés’. Una de esas partidas se otorgó a la asociación Igman, vinculada a Víctor Terradellas, exalto cargo de CDC y hombre afín a Carles Puigdemont, y a Francesc de Dalmases, actual diputado de Junts. Fuentes conocedoras de los pormenores de ese contrato lo califican de "anómalo", a la vez que destacan que algunas áreas de la diputación mostraron entonces su disconformidad con esa externalización. “Las revisiones de los justificantes las debe hacer la misma institución”, recalcaron las citadas fuentes.

El magistrado ha requerido a la Diputación de Barcelona la documentación del acuerdo de la Dirección de Relaciones Internacionales y la Oficina de Cooperación al Desarrollo del ente con la Fundació Solidaritat UB. Se trata de una entidad ligada a la Universitat de Barcelona que, según su página web, impulsa proyectos de cooperación. El decreto por el que se aprobó esta adjudicación, que se remonta a 2016, indica que se encarga a dicha fundación “los servicios para la revisión de justificación” de subvenciones de cooperación al desarrollo y relaciones internacionales.

El juez inicia los trámites para que se investigue a Francesc de Dalmases por desvío de fondos

Retrasos en los expedientes

La justificación plasmada en esta resolución, firmada por la jefa de la Oficina de Cooperación y un cargo del área de presidencia de la diputación, es que se había “acumulado en los últimos meses un retraso significativo” en esta labor, no solo por “la complejidad de las incidencias a resolver”, sino también por las vacantes. Este trabajo comportaba un pago por parte de la diputación de 21.778 euros. La duración del contrato era de 12 meses.

El juez Aguirre ha tomado declaración a dos personas que, en nombre de Solidaritat UB, participaron en la revisión de subvenciones presuntamente irregulares, entre ellas las de Igman, pero también de otras entidades, como Pimec y Empresa y Clima. Fuentes conocedoras de su declaración aseguran que las dos negaron que recibieran indicaciones a la hora de hacer su trabajo.

Según la fundación, estas dos personas, una contratada para esa labor y otra que trabajó con ellos hasta 2018, no sabían a priori qué expedientes revisarían, y en la medida en que iban examinándolos, remitían un informe al técnico de la diputación. Ninguna de ellas, sostiene Solidaritat UB, tenía relación directa con las entidades subvencionadas. Analizaron unos 60 expedientes, de los que cinco están siendo investigados.

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