El juez archiva la causa de Cifuentes por la financiación ilegal del PP, en la que sigue imputada Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado las actuaciones respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la financiación ilegal del PP madrileño y la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011, motivo por el que se le imputaban los delitos de prevaricación y cohecho, junto a la Letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández, ambos también exonerados.

El juez, que mantiene imputados en el 'caso Púnica' a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, explica que la investigación relativa a Cifuentes se basaba en un informe policial que daba cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid que se relacionaba con las donaciones hechas por empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), de la que fue patrona hasta 2008 aunque no se dejó constancia pública hasta 2010.

El magistrado entiende que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam y la imputación se basaba en que tenía un conocimiento previo de esas aportaciones realizadas por empresarios, extremo que García-Castellón considera “una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente”. “No se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación”, afirma en el auto. 

Si no conocía quién hacía donaciones, no se puede determinar que supiera que Arturo Fernández las había hecho, "por lo que, en consecuencia, no se puede inferir de manera racional que su actuación en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que este había realizado en la fundación señalada". Además, añade que se trataba de un grupo "ampliamente conocido tanto en la administración pública como en el sector privado por gestionar esta clase de actividades de hostelería".

Tampoco en la empresa Swat

El juez rechaza también la participación de Cifuentes en la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de la empresa SWAT. “No se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno”, afirma en su auto, en el que explica que la imputación se basaba en lo dicho por la que fue directora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, pero no ha sido corroborado por otros testimonios o pruebas.

En este sentido, añade que tanto Cifuentes como el administrador de esa empresa, Juan Miguel Madoz Echeverria, lo han negado, lo que se suma a que en las actuaciones “se constata además que Cifuentes no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008”.