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EL 'CASO PÚNICA'

El juez imputa a las expresidentas madrileñas Aguirre y Cifuentes

Sigue el criterio de Anticorrupción y las interrogará en relación con la presunta financiación del PP madrileño

El magistrado otorga a la primera presidenta madrileña el "control" de la búsqueda de recursos ilícitos

Ángeles Vázquez

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Parecía que Esperanza Aguirre iba a salir indemne de la más importante trama de corrupción del PP después de la Gürtel, la del 'caso Púnica', pese a que fue la presidenta de partido en Madrid casi una década. Al final, sin embargo, no se ha librado de la última andanada de imputaciones instada por Anticorrupción. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la ha imputado en la pieza relativa a la financiación ilegal del PP madrileño, porque considera que "fue quien ideó la búsqueda de recursos" para las campañas electorales en las que obtuvo mayoría absoluta y que lo hacía con el objetivo de "fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta" de la Comunidad de Madrid.

El magistrado también ha imputado a su sucesora Cristina Cifuentes por la presunta adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. Cifuentes comparecerá en la Audiencia Nacional el 1 de octubre, mientras que Aguirre lo hará el 18, de tal forma que cerrará los interrogatorios de la treintena de nuevos imputados, entre los que se encuentra la empresa Indra y cuatro exconsejeros madrileños: Manuel Lamela, Juan José Güemes, Borja Sarasola y Gador Ongil . El juez también cita a una veintena de testigos.

La imputación de las expresidentas se ha producido en la pieza del 'caso Púnica' en la que se investiga "el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales o se confeccionan bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor".

Respecto a Aguirre, el juez sostiene que debía conocer "las actuaciones presuntamente ilícitas perpetradas en favor de la recaudación de fondos para el partido y de sus dirigentes, desde las otras grandes empresas públicas de la Comunidad, ICM y Canal de Isabel II", como "presidenta del Gobierno regional y del partido, y del conocimiento personal que se le presume de la intervención de las empresas principales proveedoras de la Comunidad, como Indra, en las licitaciones amañadas, los pagos de trabajos de reputación y la recaudación una vez más de dinero para las arcas del PPCM". 

Control directo

El magistrado, que otorga el "control directo" de las "actuaciones irregulares" investigadas a Aguirre, sitúa el inicio de estas prácticas en la campaña de 2003. En una reunión a principios del 2004 se presentó a los consejeros al empresario Horacio Mercado y al nuevo logo de la Comunidad que había diseñado: “Madrid la suma de todos”, dondde se les informó de que sus campañas de publicidad debían contrartarse con su empresa Over Marketing. 

"La investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos, posteriores a la reunión del año 2004, dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PPCM, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y las elecciones generales del año 2008", señala la resolución. Todo lo había ideado Aguirre, "desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del PPCM". Hasta "supervisaba las sinergias entre sus consejeros de confianza". Para ello se apoyaba en Ignacio González y Francisco Granados, así como en el que era gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. 

"En líneas generales, el uso continuado durante tres campañas de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas electorales, trasciende de la decisión y dominio del administrador electoral del PPCM. El impulso para poner en marcha el entramado descrito debe vincularse a Aguirre, en quien concurría la condición de presidenta del partido, candidata de las campañas investigadas, cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos en la contabilidad sometida a fiscalización pública, presidenta y patrona de la Fundación Fundescam, y sobre todo, presidenta del Gobierno regional, desde donde se tomaron las decisiones instrumentales". Según el auto, estos hechos serían constitutivos de delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

Fundescam y caja b

Entre los "artilugios" utilizados para el desvío de fondos a favor del partido, el juez cita la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), las empresas públicas Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada y la Dirección General de medios, adscrita a la vicepresidencia de la CAM.

Por ejemplo, la resolución explica que Gutiérrez, como "gerente del partido y encargado de la contabilidad de las campañas electorales, convino con los proveedores electorales del PPCM que las facturas por sus servicios electorales o por la contratación de medios de radio para las campañas, no se emitiesen al PPCM sino a Fundescam, encubriendo el verdadero trabajo de naturaleza electoral bajo conceptos concordantes con el fin de la subvención".

Desde la caja b del partido que controlaba, en cuya cuenta Aguirre también figuraba como autorizada, Beltrán "vino realizando pagos en efectivo que costeaban actos privados de dicha fuerza política y otros gastos que no han podido ser determinados". Desde ella se pagaron "parte del coste de las campañas" que "encargó a sus proveedores de confianza con la finalidad de conseguir una gran puesta en escena y mayor divulgación". La "fastuosidad" de esos actos electorales sobrepasaba el límite de gasto legal previsto en la ley orgánica de régimen electoral, lo que se ocultaba a través del ente público ICM con una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra-, que abonaba las deudas contraídas con sus proveedores electorales. Lo que también destaca el auto es que "el afán de enriquecimiento" de Granados hizo que no todo lo aportado llegara a las arcas del partido.

Para sanear la caja González llegó a pedir en una reunión para financiar el PPCM un millón de euros, porque había quedado maltrecha tras la "fastuosa" campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011, que dio el triunfo a Aguirre, "indiciariamente todavía pendiente en el año 2012 de pagarse en su totalidad, y, a la vez, para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales de la próxima campaña para las elecciones del año 2015", señala la resolución.

Culpar a Aguirre

En la investigación relativa a este aspecto de la trama resultó clave la agenda intervenida a Granados, en la que se desmenuzaba lo que se sospecha que era el reparto de las comisiones ilícitas recibidas, de las que 1,6 millones habría llegado al PP a través del que era su gerente, Beltrán Gutiérrez. En sus últimas comparecencias ante el juez García-Castellón, Granados aseguró que en el PP madrileño no se realizaba un gasto por pequeño que fuera sin que lo supiera la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que responsabilizó junto a su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la financiación ilegal del partido.

El imputado llegó a decir que ambos autorizaban "gastos sin control" durante las campañas que luego cargaban a la Comunidad de Madrid. Pero tuvo especial cuidado en separar estas prácticas del PP madrileño del partido a nivel nacional, lo que justificó en la mala relación mantenida desde hace años entre Aguirre y Mariano Rajoy.