La Audiencia Nacional confirma los indicios para juzgar a los Pujol por organización criminal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto con el que el juez José de La Mata propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental, en el caso de corrupción al que dan nombre. El tribunal, que tampoco da credibilidad a la versión familiar de que la fortuna procede de la herencia del abuelo Florenci Pujol, declara que hay indicios suficientes de que la organización que presuntamente constituían el matrimonio Pujol Ferrusola y sus siete hijos aprovechó la responsabilidad del patriarca al frente de la Generalitat para "obtener importantes rendimientos económicos, que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero y sometidos a diversos movimientos y transmisiones, para ocultar su origen ilícito”.

La Sección Tercera de lo Penal confirma íntegramente el auto que daba por concluida la instrucción de la causa con dos salvedades menores: archiva las actuaciones relativas al empresario Carles Sumarroca, como propuso Anticorrupción, y retira dos delitos fiscales a la exesposa del primogénito del presidente de la Generalitat, Mercè Gironès. Los autos hechos públicos este martes eran los que esperaba la fiscalía para solicitar la apertura de juicio oral y ajustar su petición de pena para cada imputado, según lo que en ellos se estableciera. La defensa de la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, presentó informes para acreditar que sufre alzhéimer y alegar que no puede ser juzgada.

En el extranjero

Mientras se decide ese extremo, el tribunal confirma la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarla a ella y a su familia, porque los actos nucleares se realizaron en el extranjero, sobre todo en Andorra, mediante el movimiento de fondos en efectivo de diversas cuentas de las que eran titulares ellos o fundaciones que controlaban.

Y en cuanto a calificar los hechos como asociación ilícita u organización criminal (delito cuya denominación ha cambiado durante la instrucción), la Sala confirma que el auto recurrido relata una actuación claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol consistente en la apertura y cierre simultáneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, lo que indiciariamente obedece a una estrategia orientada a ocultar su origen, conectado con operaciones ilícitas determinadas que tuvieron como consecuencia ciertas resoluciones de la Administración catalana.

El tribunal descarta que el resto de miembros de la familia fueran "meros partícipes a título lucrativo" de los delitos del primogénito del 'expresident'

Según el juez, “se trata de una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo", en las que cada miembro cumplía un papel determinado, lo que nos sitúa "ante una asociación ilícita inicialmente y una organización criminal con posterioridad, y no ante meros partícipes a título lucrativo, como en el recurso se califica a los restantes miembros de la familia, respecto de la actuación presuntamente lícita de Jordi Pujol Ferrusola”, que se atribuye la gestión personal del patrimonio familiar entre 1992 y 2000, y una operación de liquidación en 2004. El tribunal se inclina por la explicación que dio De la Mata en relación con las actuaciones concertadas por los Pujol "destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas" aprovechando el ascendente del patriarca por su cargo.

Responsabilidad variada

En cuanto a los empresarios imputados, los magistrados dicen que mantenían relación con miembros de la familia Pujol y actuaron de manera concertada, con intervenciones de intensidades, frecuencias y niveles distintos. Compartían que sus rendimientos económicos se conectaban "con la influencia de la familia para orientar resoluciones de la administración catalana, rendimientos que a su vez, eran objeto de operaciones de transformación y movimientos de diversa índole, con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita”.