La lacra de la corrupción

El empresario que Bárcenas dijo que le entregó 60.000 euros para Esperanza Aguirre lo niega ante el juez

Sostiene que nunca estuvo en la sede de Génova y que no ha dado dinero a partidos políticos ni a fundaciones

Esperanza Aguirre.

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El empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, negó este jueves ante el juez instructor del 'caso Púnica' haber entregado 60.000 euros en metálico en la sede central del PP al extesorero del PP Álvaro Lapuerta o al entonces gerente Luis Bárcenas, como este declaró, para la campaña electoral de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el empresario también ha negado haber estado alguna vez en la sede de la madrileña calle de Génova. Su imputación se produjo después de que el pasado 24 de febrero Bárcenas indicara ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que Gálvez entregó esas cantidades para apoyar la campaña electoral de Aguirre entre 2007 y 2008.

Gálvez --que también aparece en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP-- ha negado que pagara comisiones al PP o que realizara donaciones a partidos políticos o fundaciones de formaciones. Además, según las fuentes, Gálvez ha explicado que a su constructora le adjudicaban pocos contratos con la Comunidad de Madrid en esa época y que sobre todo realizaba trabajos para el Ministerio de Medio Ambiente y para Fomento.

Con todo, el empresario --que ha respondido a preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción-- ha señalado que en un momento dado sí que empezaron a adjudicarle obras en la región, entre las que estaba la construcción de nuevos hospitales como el Infanta Leonor, y que dado que su empresa no estaba especializada en ese tipo de equipamientos sanitarios debían concurrir por medio de una UTE (unión temporal de empresas).

Cláusula del 1%

A preguntas de la Fiscalía, ha confirmado que todos los contratos que se firmaban con la Comunidad de Madrid, lo que ha extendido también al resto de España, iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que el 1% iba destinado a publicidad institucional del proyecto. Así, ha indicado que, dado que estaba en los pliegos, ellos como adjudicataria pagaban la factura pero no elegían ni la campaña de publicidad, ni la empresa que la realizaba, ni siquiera verificaban que realmente se realizara.

Según el auto del juez instructor en el que imputó a Esperanza Aguirre, en los contratos públicos del equipo de Aguirre se estableció esa cláusula "falaz" del 1% por la cual se incrementaba el precio con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato. Estimaba el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008 y la investigación trata de dilucidar si se desviaban para financiar al partido.

Ahora tras la declaración de Gálvez en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica, en la que se indaga sobre la financiación irregular del PP madrileño, el juez debe decidir si, como le exigió la Sala de lo Penal, debe dar por terminada una instrucción que ya se extiende desde 2014. En un auto por el que archivaba la causa contra Indra de esta misma semana, ya apuntaba que la investigación está "agotada".