Financiación ilegal del PP en Madrid

Bárcenas declara ante el juez que entregó 60.000 euros de un constructor a Esperanza Aguirre

  • El extesorero del partido sostiene que una donación semejante "nunca era altruista", porque "abría puertas"

  • La expresidenta madrileña anuncia una querella por "falso testimonio"

Luis Bárcenas.

Luis Bárcenas. / DAVID CASTRO

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El extesorero del PP Luis Bárcenas no ha defraudado y ante el juez Manuel García-Castellón ha disparado contra la presa más codiciada del 'caso Púnica': la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Según su testimonio, él mismo y quien era su jefe en la tesorería del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta, le entregaron un sobre con 60.000 euros de un constructor, informaron fuentes jurídicas. El problema es que, como ya advirtió su abogado en el juicio de la caja b del PP ha admitido que no tiene más pruebas que sus propias palabras, lo que se le puede volver en contra, porque poco después de terminada la comparecencia la expresidenta anunció que se querellaría contra él por falso testimonio.

Bárcenas, que dijo no recordar con exactitud si había sido en 2007 o 2008, ha explicado al juez que el dinero procedía de la constructora Ploder, cuyo entonces presidente, Luis Gálvez, ya aparecía entre los empresarios que realizaron donaciones al PP, según las anotaciones manuscritas que el propio extesorero había registrado con las entradas y salidas de dinero negro del partido. Fue Gálvez quien indicó la cantidad que entregaba; los tesoreros no lo contaron, pero, a tenor del grosor del sobre, Bárcenas calcula que debía tener billetes de 500 euros. Señaló que una donación por esa cantidad "no es altruista", porque, aunque ignoraba si implicaba una adjudicación concreta, servía para "abrir puertas".

No tuvo más contacto con Aguirre en cuanto a la financiación del partido en Madrid. Lo justificó en que cada estructura regional tiene su propio sistema de financiación y debía ser autosuficiente. En el caso de Madrid se ocupaba su gerente, entonces Beltrán Gutiérrez, ya imputado, y cuya organización elogió Bárcenas, aunque aseguró que actuaba por mandato de la presidenta Aguirre y de quien fuera secretario general del PP de Madrid. Por este puesto han desfilado, entre otros, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero de Justicia Francisco Granados. El abogado de este último, Javier Vasallo, pidió que se cambiara la condición de Bárcenas de testigo a imputado, lo que fue rechazado por el magistrado.

Fundescam

Debido a esta estructura autónoma, las referencias de Bárcenas a la financiación madrileña son puntuales, aunque no por ello irrelevantes. En este sentido, relacionó directamente la fundación Fundescam con la financiación ilegal del partido, al explicar que se creó a instancias de otro de los exsecretarios generales del partido en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y el expresidente del Senado Pío García Escudero para poder recibir la donación que la CEOE les había comunicado que tenía previsto efectuar al PP madrileño. Según su versión, solo la patronal madrileña podía realizar donaciones directas al partido regional.

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El extesorero afirmó que el 90% de las donaciones recibidas procedían de constructores, aunque rehusó citarles y apenas si lo hizo con José Miguel Villar Mir, de OHL y Grupo Villar Mir, uno de los principales beneficiarios del partido. Ante el juez le situó, además, en un par de comidas con García Escudero.

Bárcenas, que ya ha comunicado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ponía a su disposición los 22 millones de euros que tenía bloqueados en cuentas suizas, podrá disfrutar en breve de permisos. La Junta de tratamiento de la cárcel de Soto del Real ha propuesto para él dos de seis días, lo que desde el PP fue contestado con un tuit con el siguiente texto "pacta sunt servanda" (lo pactado obliga). El permiso, que debe ser avalado por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, no tendría por qué plantear demasiado problema, porque ya ha cumplido cuatro años y medio y su cumplimiento máximo se ha fijado en 12 años, por el triple del delito más grave por el que se le condenó.