La Audiencia de Barcelona avala las escuchas a Madí y Vendrell

La Audiencia de Barcelona ha avalado todas las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Joaquín Aguirre del exalto cargo de CDC, David Madí, del exconseller de ERC, Xavier Vendrell, y del presidente de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, en el marco de la operación ‘Voloh’ sobre presunto desvío de fondos públicos al ‘procés’ y a la financiación de la estructura en Waterloo del expresidente Carles Puigdemont. El tribunal de la Sección 21 sostiene que existen “sospechas fundadas de la comisión de delitos relativos a la corrupción”, por lo que desestima el recurso presentado por estos tres investigados, al que se añadieron otros nueve.

El auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, desestima los motivos alegados por los investigados, pues “no se aprecia” en el auto por el que se ordenaba la intervención de los teléfonos “vulneración alguna del derecho de defensa”. Según el tribunal, el juez Aguirre “expone” en esa resolución “de manera suficientemente pormenorizada” los hechos y su calificación jurídica, apuntando a la comisión de delitos como son malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias. Los magistrados rechazan de plano que la medida de interceptar las comunicaciones se haya tomado ante meras conjeturas o especulaciones, pues, del análisis de las conversaciones, se constatan “sospechas fundadas”. 

Esos indicios, subraya el auto, derivan de la información obtenida mediante el examen y análisis de los archivos de audio localizados en el teléfono móvil de uno de los principales imputados en la causa, Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC y hombre cercano a Puigdemont, que mantuvo sendas conversaciones con Madí y Vendrell. El escrito de la Audiencia hace un detallado relato de las palabras de cada uno de ellos. La Audiencia recalca que con esa información, teniendo en cuenta en el estado en que se encuentra la causa, “es bastante” para “apreciar la existencia de indicios suficientes" contra los investigados. De ahí que esté justificada la intervención de los teléfonos acordadas por el juez y que dieron pie a la detención del 'estado mayor', de Puigdemont, entre ellos Madí y Vendrell, el 28 de octubre del 2020.

"Proyectos al margen de la ley"

El tribunal argumenta que es cierto que ni Madí, ni Vendrell, no ostentan en la actualidad formalmente cargos “en la jerarquía administrativa”, pero si que los tuvieron en un “pasado inmediato”, y “debido al prestigio y confianza que se les otorga por la cúpula soberanista”, gozan de la “influencia necesaria” al más alto nivel para conseguir “sus propósitos financieros. La ejercitan, a su entender, respecto a personas que en estos momentos sí que ocupan cargos políticos que tienen acceso a fondos públicos. “Y ello con el fin de financiar sus proyectos políticos al margen de la ley, desviando los fondos recaudados “a cargo de los contribuyentes” sin que estos “reciban a cambio la contraprestación debida”. Existe, por tanto, “base indiciaria suficiente para acordar” la intervención telefónica. La Audiencia hace mención a la “ilicitud” de la conversión de fondos públicos procedentes de la Administración en “criptomonedas carentes de trazabilidad y de configuración como dinero electrónico”