La Eurocámara cita a Puigdemont el 7 de diciembre para que defienda su inmunidad

La comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo ha citado para el próximo 7 de diciembre a los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para responder al suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo para levantarles su inmunidad parlamentaria, y cuyo procedimiento formal ha arrancado este lunes en la Eurocámara.

Cada uno de ellos tendrán 15 minutos para exponer su caso (en comparecencias separadas) a lo que seguirá un turno de preguntas de los miembros de la comisión. Todo ello a puerta cerrada. La convocatoria se prevé que pueda ser presencial, porque las restricciones impuestas hasta ahora en el Parlamento Europeo expiran el 30 de noviembre, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia. Si no mejora, será por vía telemática, una posibilidad que los servicios jurídicos de la Eurocámara han avalado. En esas comparecencias podrán estar acompañados por un abogado o asesor jurídico aunque este último no podrá tomar la palabra.

El primer examen se ha realizado este lunes "sin ningún problema", según ha explicado el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos), más allá de los escollos habituales por la distancia o los problemas de conexión, pero "sin problemas de envergadura". Esta primera sesión consistía en la presentación por parte del ponente designado, el búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del que forman parte Vox o los nacionalistas flamencos de la N-VA, y un primer debate en el que representantes de los grupos Izquierda Unitaria Europea y Verdes han "cuestionado" la viabilidad del sistema telemático, segun han informado a este diario fuentes de la Eurocámara.

Informe y votación

El procedimiento, no obstante, sigue su curso y la siguiente etapa se producirá en diciembre. "Se ha acordado proceder con la siguiente fase que sería la audiencia a los diputados afectados", han explicado fuentes de la cámara. Con la información y la documentación recibida, el ponente deberá elaborar un informe de recomendación que será discutido en la siguiente reunión de la comisión de asuntos jurídicos, también a puerta cerrada. Hará falta una cuarta en la que previsiblemente tendrá lugar la votación sobre el levantamiento o no de la inmunidad. Una vez concluido el trámite la última etapa será la votación en el pleno de la Eurocámara por mayoría simple, no antes de febrero o marzo. 

Se trata de un trámite que habitualmente se prolonga entre "tres y seis meses", por lo que difícilmente podrá resolverse antes de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero. De levantarse la inmunidad, para que puedan ser juzgados en España, se podrían reactivar las euroórdenes, que quedaron en suspenso tras la proclamación como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Ponsatí. La defensa de los políticos independentistas augura que aún en esta situación seguirían dando batalla en los tribunales.

Persecución política

Según fuentes jurídicas, los eurodiputados denunciarán la existencia de errores de procedimiento. Entre ellos, por ejemplo, que el Tribunal Supremo no es el órgano judicial competente para solicitar el suplicatorio, tal y como ya dictaminó el Tribunal de Bruselas el pasado 7 de agosto en la sentencia que rechazó la euroorden cursada contra el 'exconseller' Lluís Puig. Además, alegarán que alguno de los delitos por los que se solicita su extradición, como la sedición, no están fundamentados ya que no existe en países como Alemania, Bélgica, Italia o Francia. Utilizarán como argumento la sentencia del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que examinó la euroorden de Puigdemont y que determinó que no se había producido un delito de rebelión ni sedición, así como las opiniones de grupos como Amnistía Internacional.

Por último, denunciarán que el suplicatorio responde a un caso de "fumus persecutionis" o persecución política para impedir que sigan ejerciendo como eurodiputados. "Es innecesario justificar que la intención de los tribunales españoles es impedir que ejerzan de eurodiputados. Es evidente", aseguran fuentes jurídicas próximas a los eurodiputados, que incidirán en que "no tendrán un juicio justo" en caso de extradición, en la falta de neutralidad de la Junta Electoral Central y en el papel de instigador del partido de extrema derecha Vox, que precisamente cuenta con un eurodiputado suplente en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo.