Archivada la investigación sobre la supuesta 'caja B' de Podemos

El juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, va acotando la investigación abierta contra Podemos a raíz de la denuncia de su exabogado José Manuel Calvente. Este viernes se sucedieron las resoluciones en distinto sentido. En una archivó la parte en la que investigaba la presunta financiación irregular del partido, en relación con su caja de solidaridad, y en otra citó a declarar como imputado por delito electoral al administrador mancomunado de la coalición electoral Unidas Podemos que aún no tenía esa condición por los contratos suscritos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Entre los aspectos denunciados por Calvente figuraba la presunta administración desleal de los fondos de la caja de solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral, al no haberse utilizado para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos por una petición de 50.000 euros que hizo #404 Comunicación Popular a la Caja de Solidaridad.

El juez declara que no ha podido confirmar si esa solicitud se autorizó, pero sí que se hicieron al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación, que está integrada en su mayoría por miembros de Podemos, por lo que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables". Ello descarta la comisión del delito de administración desleal investigado. 

Los contratos con Neurona

La decisión va en la línea del criterio de la fiscalía, que ya recomendó que la causa quedara limitada a los servicios contratados con Neurona, al entender que las demás cuestiones denunciadas por Calvente eran meros "rumores, sospechas o suspicacias". Y es en esta parte en la que el magistrado ha citado a declarar el próximo 13 de noviembre como imputado a su administrador electoral García Ramos por delito electoral, informa Europa Press.

Escalonilla considera que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad, constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019 (... ), no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".

El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro el otro administrador ya imputado, Daniel de Frutos.

Para el juez, "dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral (...) que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales".

En julio ya fueron citados como investigados varios responsables del partido que deberán declarar entre el 13 y el 20 de noviembre. En agosto Podemos recurrió en apelación la investigación y denuncia su "situación de indefensión", al ignorar si se le ha dado trámite.