25 nov 2020

Ir a contenido

ESCRITO DE ACUSACIÓN

El fiscal pide cárcel para regidores del PSC por coacciones a hoteles el 1-O

Reclama tres años de prisión para dos tenientes de alcaldes de Pineda y al jefe de la policía local

Les imputa haber presionado a los dueños para que expulsaran a los policías que allí se hospedaban

J. G. Albalat

Los policías hospedados en uno de los hoteles de Pineda protegen el edificio, el 5 de octubre del 2017.

Los policías hospedados en uno de los hoteles de Pineda protegen el edificio, el 5 de octubre del 2017. / REUTERS / ALBERT GEA

La Fiscalía de Barcelona solicita tres años de prisión e inhabilitación al que en el 2017 era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pineda de Mar, Carmen Aragonés, y el segundo, Jordi Masnou,  del PSC, así como al jefe de la policía local por las presuntas coacciones ejercidas ante los dueños dos hoteles en la que dormían miembros de las fuerzas de orden públicos desplazados a Catalunya con motivo del referéndum unilateral del 1-O.

El escrito del fiscal contra el odio y la discriminación, Miguel Ángel Aguilar, sostiene que en dos hotel de la localidad, Checkin Pineda y el Checkin Montpalau, fueron alojados a finales de septiembre del 2017 un total de 486 miembros de la Policía Nacional desplazados a la comunidad por la consulta soberanista. Durante los primeros días no hubieron problemas y el hospedaje y los servicios contratados se prestaron con normalidad, hasta al día siguiente del referéndum unilateral, el 2 de octubre. Esa noche los acusados se presentaron en uno de los establecimientos con el "firme propósito" de conminar a  los propietarios de la cadena hotelera, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", a que expulsaran a los agentes que se alojaban en sus locales.

La acusación pública sostiene que Carmen Aragonés, como máxima autoridad municipal, por cuanto el alcalde se hallaba ausente de la población, se dirigió directamente hacia el director del hotel Checkin Pineda y contando con "la presencia y apoyo amedrantador" de los otros dos acusados, le conminó para que desalojara al contingente de policías nacionales albertados en los dos establecimientos. Ante dicha exigencia, el director le puso al teléfono con el gerente de la cadena, que le manifestó su negativa a cumplir con su petición, pues no había ningún problema con los agentes.

A gritos por teléfono

La acusada, "para incrementar su apremio" sobre el directivo, indice la fiscalía, le pasó el teléfono al otro imputado, Jordi Masnou, "quien en su calidad de responsable del urbanismo municipal", dijo al gerente, "en todo desafiante y conminatorio", que tenía que echar a "esos clientes sí o sí". Al recibir un no por respuesta, el imputado, "dando gritos", le aseguró que "él era el que mandaba allí, que si él decía blanco es blanco"", amenazando que si no desalojaba a los policías "le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba estar cerrado cinco años". 

Después de esta conversación, la comitiva municipal abandonó el hotel. En la calle se congregaron, según el fiscal, "una multitud exarcerbada" de unas 800 personas. El gerente de la cadena hotelera, ante el "tenor de las advdertencias recibidas" e impulsado por "el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo", remitió una carta al director de los dos establecimientos para desalojaran a los policías al día siguiente, lo que fue comunicado a un inspetor jefe de la Policía Nacional.