Una jueza anula un manifiesto de la Universitat de Barcelona a favor de los políticos presos

Una jueza de lo contencioso administrativo de Barcelona ha anulado un manifiesto de rechazo a las condenas de los presos del 1-O y "la judicialización de la política", aprobado por el claustro de la Universitat de Barcelona (UB) el 21 de octubre del 2019 en una sesión extraordinaria. La togada ha condenado a la universidad a pagar las costas del proceso, hasta 600 euros, y a publicar la sentencia en su web.

El veredicto sostiene que la universidad "forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política", por lo que está sometida "al deber de neutralidad" y "no puede asumir como propia" una orientación determinada, "y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente". Es decir, la universidad "no es ajena" a la exigencia de "neutralidad ideológica que se predica del resto de poderes públicos", pues su labor es "servir con objetividad los intereses generales"

La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo, Ana Alonso, estima íntegramente el recurso interpuesto por cuatro profesores de la UB contra la aprobación del manifiesto, alegando que vulneraba los derechos fundamentales de libertad ideológica, de expresión y a la educación. La fiscalía apoyó el recurso y la universidad se opuso a que se estimara, al negar que se hubieran vulnerado derechos y por falta de legitimación activa de los demandantes.

El manifiesto

El manifiesto consideró la situación creada a raíz de la sentencia del 'procés' como "extremadamente grave" porque se había "judicalizado una cuestión estrictamente política", a la vez que denunciaba que los poderes del Estado habían "forzado el ordenamiento jurídico, con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva". El escrito reivindicaba que la "universidad ha sido un espacio autónomo respecto al poder económico y político", un lugar "de creación y de pensamiento, y de estímulos de actitudes críticas".

Asimismo, el documento exigía la "inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional y el sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos en curso relacionados, así como el retorno de las personas exiliadas".

Derecho individual

En la sentencia, la magistrada responde a la UB que su manifiesto no está amparado en el derecho a la libertad de expresión. "La invocación de la libertad de expresión no justifica ni ampara la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no sea, precisamente, la de la representación política", subraya.

Asimismo, considera que defender desde la UB las actuaciones de las fuerzas políticas al frente de la Generalitat "declaradas en su mayoría inconstitucionales y perseguidas por la jurisdicción penal" no son solo impugnables, sino que, textualmente, dificultan el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la universidad. Para la jurista, el manifiesto puede afectar a una pluralidad de personas que ante "las actuaciones de la universidad pueden estar o no interesadas en acudir a ella".