La jueza envía a juicio la causa por la organización del 1 d'Octubre

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha concluido el sumario abierto por la organización del referéndum de unilateral del 1-O y la creación de las denominadas estructuras de Estado, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Tras tres años de investigación, la jueza Alejandra Gil ha enviado la causa, donde figuran como procesadas un treintena de personas, a la Audiencia de Barcelona, donde se celebrará en un futuro el juicio. A partir de ahora se iniciará los trámites para que la fiscalía y las acusaciones populares presente su escrito de calificación. Después le tocará el turno a las defensas.

En abirl del año pasado, el juzgado decidió el procesamiento de 30 de los investigados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. En ningún caso por sedición. La jueza rechazó también la acusación de organización criminal que pretendía la fiscalía. Entre los encausados figuraban altos cargos de la Administración automómica, como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat; Joaquim Nin Borreda, secretario general de esta consejería; Jaume Clotet Planas, director general de Comunicación; Saul Gordillo, director de Catalunya Radio y Vicent Sanchis, director de TV3. 

Posible recurso

La fiscalía está estudiando la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión de la jueza de dar por concluído el sumario. El pasado mes de agosto, el Ministerio Público solicitó a la magistrada que prorrogara el plazo de investigació un año más porque, a su entender, faltan todavía algunas diligencias para realizar.

El auto de procesamiento sostenía que desde el 2012 "con intensidad creciente", el Ejecutivo catalán ha realizado una serie de actos legislativos que revelan el "firme propósito" celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, con la finalidad de "ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España". Esta intención, incidía la jueza, tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su "corolario" en la declaración de independencia realizada el 27 de octubre de ese mismo año por el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont.

Estrategia y plan común

El auto recogía que se trazó "una línea estratégica" para poder asumir el "compromiso inequívoco" de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos del Tribunal Constitucional. La magistrada subraya que la treintena de procesados fueron "conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes" a la celebración de la consulta soberanista y desde sus departamentos  y ámbitos de actuación efectuaron "actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos" para financiar el 1-O. A su entender, "existió un plan común" y cada una de los encausados "contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto".

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La jueza relataba que "se llegó incluso a celebrar un acto de compromiso con el referéndum", concretamente el 21 de abril de 2017 de altos cargos de la Generalitat, de los miembros del govern, acto en el que se procedió a la lectura y firma de un manifiesto y un posterior discurso por parte del vicepresidente Oriol Junqueras y de Puigdemont.

la sucesión de indicios para sostener la imputación de los diferentes delitos. Los hechos que considera la magistrada definen un compartimiento tendente a organizar una seria de acciones que aseguraran la celebración de una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para ello presupuesto público.