La fiscala general, en el vórtice de la tormenta

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado se supuso como una pieza esencial en el mecanismo político –la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, pactada entre el PSOE y ERC- que podría incidir decisivamente en la situación penitenciaria de los dirigentes condenados en el Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia.

Aunque la fiscala general no es independiente sí es autónoma y debe regirse, como todos los demás fiscales, por los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad. No puede ser cesada si no es por causas tasadas y el Gobierno, a través del ministro de Justicia o de su Presidente, puede impartirle instrucciones concretas pero mediante un procedimiento establecido y transparente. Y los fiscales deben acatar sus órdenes pero disponen de recursos para resistirse y, en último término, para cumplirlas explicitando su desacuerdo.

Perímetro de prudencia

Las credenciales de Dolores Delgado –fiscala de carrera, ex ministra de Justicia y ex diputada del PSOE- resultaron muy controvertidas y tanto el PP como Vox han impugnado su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo. Sin embargo, la fiscala general está manteniéndose en un perímetro de prudencia, remitiendo el mensaje de que su posición institucional no es compatible con cualquier asistencia a criterios de oportunidad del Gobierno.

La prueba de fuego para Delgado consistía en su decisión sobre la correcta aplicación de la normativa penitenciara en la ejecución de las penas de la sentencia de la Sala Segunda que condenó a los dirigentes independentistas. No ha habido caso. La fiscala general no ha remitido indicación de ninguna naturaleza a sus subordinados competentes, sean los fiscales adscritos al juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona, sea a los de Sala del Tribunal Supremo. Así, el ministerio fiscal ha impugnado permisos de excarcelación concedidos por la Generalitat y los terceros grados que garantizan a los reclusos un régimen de cuasi libertad que en un futuro inmediato será, probablemente, revocado por la Sala Segunda.

El ministerio fiscal, además, ha mantenido la acusación contra Josep Lluís Trapero y otros responsables de los Mossos por los hechos de septiembre y octubre de 2017  y en la vista oral del recurso de casación interpuesto por Joaquim Torra contra la sentencia del TSJC que le condenó por desobediencia a un año y medio de inhabilitación pedirá la confirmación de la resolución de instancia. Y el presidente de la Generalitat dejará de serlo así se ratifique la resolución condenatoria.

Error de cálculo de ERC

Sera difícil localizar a un responsable máximo del ministerio fiscal anterior con temas bajo su competencia más complejos, delicados y con tantas derivaciones políticas como los que maneja en la actualidad Dolores Delgado. Pero es su actitud, hasta el momento muy consciente de su responsabilidad, la que comienza a acreditar el enorme error de cálculo que cometió ERC al aspirar a contorsionar al Estado para lograr sus objetivos en la mesa de diálogo, y también la banalidad del Gobierno al no haber acotado con realismo el contenido de esa negociación en el marco constitucional.

Tampoco se recuerda una época política en la que el papel del ministerio fiscal fuese tan crítico. Lo es en las averiguaciones previas que realiza en relación con las actividades privadas presuntamente irregulares de Juan Carlos I en la Sala Segunda del Supremo; lo es en el procedimiento que afecta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (caso Dina) en la Audiencia Nacional y que podría llegar en breve a la misma Sala ya que el secretario general de Podemos es también aforado. Lo es en el procedimiento contra dirigentes y contra su propio partido que están siendo investigados por una supuesta financiación ilegal sobre la que debe pronunciarse la fiscalía. Y lo es en la casación de Joaquim Torra y, en fin, en la impugnación y consiguiente oposición al tercer grado de los presos independentistas. Sin olvidar su preceptivo informe sobre las querellas interpuestas ante el alto tribunal contra el Gobierno a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El ministerio fiscal debe ser oído en gran número de procedimientos (entre ellos, los correspondientes a los informes de los tribunales sentenciadores cuando se solicita el indulto) y tiene la obligación de actuar cuando de manera notoria y pública se vulnera la ley. Algo que sabe bien Xavier Muro, secretario general del Parlamento de Catalunya, que con el mejor de los criterios jurídicos y técnicos evitó la publicación de partes manifiestamente desafiantes -¿desobediencia al Tribunal Constitucional?- del acuerdo de la Cámara sobre el Rey y la reclamación de su abdicación.

Expectativas frustradas

Dolores Delgado está desempeñando sus funciones con la distancia necesaria respecto de las políticas de oportunidad –es decir, políticas- del Gobierno al que, por otra parte, es tan próxima. Si persevera en esa actitud, el sistema institucional se reforzaría y ella, como fiscala y como cargo público, adquiriría la credibilidad que un muy amplio sector social y político le niega. La fiscalía general del Estado no se sienta en la probablemente frustrada mesa de diálogo Gobierno-Generalitat y si en algún momento se llegó a pensar que sería un instrumento para implementar sus eventuales acuerdos –y quizás no sin  fundamento- los hechos están desmintiendo esas expectativas.

El Estado es superior a la fortaleza de la cohesión nacional  y sus cargos públicos adquieren una especial conciencia de una responsabilidad que les trascienden. Así ha sido siempre en la historia. Pudiera ser el caso de Dolores Delgado. Lo comprobaremos definitivamente en el próximo otoño, cuando se desate la tormenta perfecta y ella se sitúe en su vórtice.