El Gobierno refuerza la coordinación entre las residencias de mayores y las autonomías

El Consejo de Ministros aprobó este martes el llamado decreto de nueva normalidad, que recoge todas las normas que entrarán en vigor el 22 de junio, cuando ya no habrá estado de alarma. El texto legal sienta las bases que regirán esa normalidad diferente, como el uso de la mascarilla y la distancia de 1,5 metros, y también introduce la obligatoriedad de que las residencias de mayores deban estar «coordinadas» con los recursos sanitarios de sus comunidades autónomas y tener planes de contingencia «para hacer frente a eventuales rebrotes» del virus.

Así lo establece el artículo 9 relativo a las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros de personas mayores del dedecreto aprobado por el Gobierno de coalición y que ahora deberá ser convalidado por el Congreso. 

La directriz llega después de que el virus haya sido devastador en los centros de mayores. El Gobierno, que desde el 8 de abril obliga a las autonomías a que le facilite los fallecimientos en las residencias de servicios sociales, se resiste a dar un número global. Según cálculos de la agencia Europa Press, 16.486 usuarios de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España habían muerto por el covid o con síntomas compatibles hasta principios de mayo. La Comunidad de Madrid es la región española más afectada, donde han fallecido 5.876 personas de residencias sociosanitarias; seguida de Catalunya, con 3.155 fallecidos; y de Castilla y León, con 2.449. 

Crisis en el Gobierno regional

La elevada cifra de fallecimientos de mayores en la Comunidad de Madrid ha provocado una crisis en el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) después de que se haya sabido porque el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), reveló la existencia de un protocolo con instrucciones para no derivar a determinados residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.

El vicepresidente madrileño, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha descartado que el choque con Ayuso lleve a una moción de censura junto a la oposición (el PSOEfue el partido más votado)o a un adelanto electoral por parte del PP. «No estoy en esto, hay que estar centrados en gobernar y todo lo demás se lo dejo a los tertulianos», declaró. 

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, insistió ayer en que el «escándalo» de Madrid por no permitir la derivación a hospitales de usuarios de residencias «puede tener consecuencias legales». Según repitió en varias ocasiones, no es él sino el propio consejero Reyero el que dijo que era «inmoral» y «eventualmente ilegal» que no se permitiera a los ancianos de las residencias madrileñas ser aceptados en los hospitales de la región. Iglesias aseguró que su vicepresidencia va a trabajar con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren «protocolos sensatos» en las residencias de mayores. 

El "mando único"

El número tres del Ejecutivo afirmó que él no fue "mando único" porque el "mando único" era Sanidad y que él, como vicepresidente social, hizo todo lo que estuvo en su mano: dio 300 millones a las comunidades para que, entre otras cosas, contrataran a más personal en estos centros, y para que se declarase, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, a los servicios sociales como servicios esenciales (para que sus trabajadores estuvieran al mismo nivel que los sanitarios a la hora de repartir equipos de protección, por ejemplo). Además, insistió en que se "reforzó" las competencias de las comunidades autónomas en este caso para que pudieran intervenir e inspeccionar las residencias privadas.