30 sep 2020

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COVID-19

Una denuncia contra Salvador Illa se suma a la de Pedro Sánchez

El sindicato Csif atribuye al ministro de Sanidad delitos contra los trabajadores y lesiones y homicidios imprudentes

La Sala de lo Contencioso ha vuelto a rechazar dar 24 horas al ministerio para proporcionar protección

Ángeles Vázquez

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión del comité científico del covid-19, el pasado 21 de marzo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión del comité científico del covid-19, el pasado 21 de marzo. / EFE / POOL / J. M. CUADRADO

Con la justicia paralizada salvo en lo que se ha declarado servicios esenciales, los jueces y magistrados trabajan a futuro. En el Tribunal Supremo es habitual que lo hagan hasta con un mes vista. Pero la presentación de escritos no se ha detenido y no solo en aquello que por su urgencia no puede detenerse como son detenidos, presos o violencia machista. Cuando acabe el estado de alarma y los magistrados de la Sala Segunda vuelvan a sus despachos, tendrán encima de la mesa las denuncias presentadas contra miembros del Ejecutivo. Este martes a la de Pedro Sánchez se sumó otra contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La principal diferencia entre ambas es que la primera la interpuso un abogado por las concentraciones permitidas por las respectivas Delegaciones del Gobierno en toda España entre el 5 y el 14 de marzo y la segunda, el sindicato Csif, por no haber previsto la pandemia y no poder proporcionar medios de protección a los facultativos y sanitarios que cada día se juegan la vida en los hospitales como si pudieran estar a salvo solo con los aplausos que les dirigimos desde los balcones.

La primera denuncia, que pretende incluir a los afectados por el coronavirus que lo deseen, considera a Sánchez cooperador necesario de los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional que habrían cometido los delegados del Gobierno, en línea con la única denuncia admitida a trámite de momento: la relativa al delegado de Madrid, José Manuel Franco. La del sindicato, en cambio, sostiene que Illa pudo incurrir en delito contra los trabajadores al no proporcionar a los sanitarios de lo necesario para evitarles riesgos laborales y de lesiones y homicidios por imprudencia.

Más colectivos 

El sindicato, que quiere extender la denuncia a todos los colectivos que puedan verse afectados, esgrime datos del propio Ministerio de Sanidad, a fecha de 30 de marzo, en los que figuran en España 12.298 sanitarios infectados (el 14,4% del total de afectados en toda España por coronavirus), y al menos seis han fallecido por este motivo.

La denuncia incluye denuncias concretas de la precariedad en la que trabajan los facultativos y sanitarios en distintos hospitales españoles, como el Ramón y Cajal (Madrid), donde se ha amenazado a los que han intentado plantarse para exigir protección, o el Álvaro Cunqueiro (Galicia), donde se ha destituido a una jefa de servicio por sus protestas, según el sindicato.

El Csif recuerda que el 14 de marzo Illa asumió "las máximas competencias en materia sanitaria en todo el Estado, convirtiéndose por ello en el máximo responsable y garante en la evitación y contención de la propagación del virus", por lo que "en cumplimiento de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud debió adoptar con urgencia las medidas necesarias para dotar a los servicios sanitarios del material de protección necesario para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones".

Segunda negativa

Por su parte, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha vuelto a rechazar la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que requiriese al Ministerio de Sanidad, como medida cautelarísima (sin oír a las partes) la provisión a todos los hospitales de España de medios de protección para el personal sanitario frente al coronavirus.

El alto tribunal argumenta que no cuenta con elementos suficientes para adoptar un requerimiento de ese tipo sin escuchar antes a la Administración a través de las alegaciones de la abogacía del Estado. La Sala acepta como hecho notorio que el personal sanitario no cuenta con todos los medios necesarios para prestar, debidamente protegido, su trabajo decisivo ante la pandemia, como resulta de las manifestaciones de profesionales y pacientes y de lo que admiten las mismas autoridades. Pero para determinar si es resultado "de una inactividad antijurídica de la Administración" debe oírla antes.