23 oct 2020

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Los 'comuns' plantean un decreto ley para agilizar la renta garantizada durante el coronavirus

Proponen trámites en línea, acortar los plazos y hacer un pago inmediato mientras dure el confinamiento y los tres meses siguientes

Roger Pascual

Una madre prepara a sus dos hijos la única comida del día.

Una madre prepara a sus dos hijos la única comida del día. / JORDI COTRINA

Los 'comuns' plantean un decreto ley para agilizar durante el confinamiento por coronavirus la renta garantizada de ciudadanía, la ayuda social catalana para que las personas en edad de trabajar y sin ingresos lleguen a final de mes. Un día después de que Jéssica Albiach planteara en el ciberpleno a Quim Torra la necesidad de ampliar esta ayuda a más supuestos ante la emergencia social de la pandemia, Catalunya en Comú Podem propone ahora modificaciones para hacer los trámites en línea, acortar los plazos y hacer un pago inmediato mientras dure el confinamiento y los tres meses siguientes.

"Hay familias que se han quedado tiradas. En Catalunya tenemos una gran herramienta como la renta garantizada, pero no se han tomado medidas para que, mientras estén cerradas las oficinas, se puedan tramitar las solicitudes. Se está perdiendo una oportunidad de oro", lamenta Marta Ribas, diputada en el Parlament, que ya apuntaba esta posibilidad el miércoles en este diario

El decreto ley que proponen Catalunya pasa por una tramitación "rápida y urgente" de los expedientes que sean revisados posteriormente para no dejar sin ingresos a muchas personas en esta situación extraordinaria. Por eso los 'comuns' emplazan al Govern a, además de reclamar una renta básica al Gobierno español, "sacar el máximo partido de sus competencias y amplíar la RGC".

Según las cifras de la Generalitat, 123.511 personas se benefician de esta medida aprobada hace tres años y medio. El Parlament aprobó en julio del 2017 la creación de una renta garantizada de ciudadanía (RGC) de 664 euros mensuales para luchar contra la exclusión social y garantizar una "vida digna" a todos los catalanes. Era fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió 121.191 firmas de apoyo ciudadano y su aprobación supuso la derogación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), popularmente conocida como PIRMI. personas.

Pendiente de nuevo reglamento

El ponente relator del texto fue Chakir el Homrani. El problema es, como reconoció el año pasado el hoy 'conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies, que la mayoría de peticiones de la RGC son rechazadas porque los demandantes o bien tienen trabajos precarios o los han tenido. El Homrani se comprometió a aprobar el reglamento de la ley a principios del 2020, después de que pasara todos los trámites correspondientes. Este decreto debía facilitar la incorporación a la renta de las personas que, mientras cobran la ayuda social, tienen contratos intermitentes, y de las familias numerosas con contratos a tiempo parcial. Pero de momento sigue pendiente de aprobación.