Las causas de Torra y Borràs, paralizadas

El Estado de alarma, que ha hecho que para casi todo el mundo la vida se reduzca a lo que puede hacer dentro de su casa, llevó a suspender los plazos procesales y a paralizar toda la actividad judicial no incluida entre los servicios esenciales previstos en el real decreto. Con ello, claro, también quedaron encapsulados en el tiempo los asuntos llamados a llenar páginas de periódico en el apartado de la información judicial.

Es lo que ocurrió con el juicio contra el mayor Josep Lluís Trapero y la excúpula política de los Mossos justo el día que la fiscalía iba a formalizar la rebaja de su petición de pena de rebelión a sedición, como había marcado la sentencia del ‘procés’, y cuando se iba a conocer si incluía la alternativa de desobediencia.

El juicio por los presuntos chantajes cometidos por Ausbanc y Manos Limpias quedó también suspendido, antes incluso de la entrada en vigor del Estado de alarma, al presentarse uno de los acusados, cuya pareja estaba infectada por el covid-19, pese a haber sido eximido de hacerlo.

De los juicios más mediáticos solo resistió el de la Guardia Urbana, pero porque al tratarse de un asesinato el tribunal que le corresponde es un jurado y la ley que los regula prevé su repetición ante una suspensión superior a cinco días. De ahí que no habiera más opción, aunque la principal acusada también faltara a la última sesión por el coronavirus.

Lo ocurrido a los juicios se extiende a la instrucción de las causas, en las que solo se mantienen los habeas corpus, las comparecencias de detenidos y las vulneraciones de derechos fundamentales. En el ‘caso Villarejo’ es probable que de momento no haya más resolución que la respuesta que el juez Manuel García-Castellón dé a su última petición de libertad basada precisamente en el derecho a la vida y el coronavirus.

Suplicatorio de Borràs

Aunque la forma de trabajo del Tribunal Supremo no es igual que la de otros tribunales o juzgados, porque, debido a la dificultad que entrañan los asuntos que aborda, sus magistrados suelen repartirse el trabajo con un mes de anticipación, su actividad también se ha visto afectada.

Era cuestión de días que cursara al Congreso el suplicatorio para poder citar a declarar como imputada a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, después de que ella rechazara acudir voluntariamente al alto tribunal a dar explicaciones sobre la fragmentación de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes para beneficiar a un amigo que se le imputa.

"¿Cómo se va a tramitar ahora el suplicatorio? ¿A dónde lo diriges?", se preguntan fuentes del alto tribunal consultadas por este diario. "Se suspende todo hasta que se levante el estado de alarma", añaden.

Inhabilitación de Torra

En esta misma situación queda la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. El Supremo debe pronunciarse sobre si admite o no a trámite su recurso de casación contra esa condena. Lo que en circunstancias normales tarda un par de meses ahora incluirá también lo que dure el estado de alarma. Si la sala desoye al fiscal, partidario de rechazar el recurso del ‘president’, y le da trámite, su resolución se demorará entre unos seis y ocho meses.

También se han visto alterados por la suspensión de los plazos procesales las deliberaciones de los asuntos más mediáticos del tribunal, como son el ‘caso Palau’ y el Gürtel, cuyo debate se iba abordando por partes por los magistrados de la sala segunda.

Cuando se retome la normalidad, el mundo judicial deberá hacer un esfuerzo extra para sacar adelante todo lo que ha quedado paralizado.