Los 'comuns' reclaman aprobar presupuestos catalanes y reforzarlos luego

El miércoles era el día fijado por los 'comuns' para aprobar unos presupuestos catalanes largamente negociados con el Govern. Pero la decisión de Ciutadans de llevarlos al Consell de Garanties Estatutàries, unida al coronavirus, dieron al traste con la votación. Ahora se podrían aprobar las cuentas (si la evolución de la pandemia lo permite) el 21 de abril, cuando haya pasado el periodo de enmiendas. Catalunya en Comú Podem reclama validarlas cuanto antes y reforzarlas luego.

"Hay que reforzar el acuerdo de presupuestos con un plan de choque social y económico. Será la mejor respuesta a la ciudanía que ahora está angustiada", ha sentenciado Jéssica Albiach, líder parlamentaria de la coalición. Los 'comuns', que vuelven a denunciar la "irresponsabilidad" de Cs cuando más recursos se necesitan para contener los efectos del coronavirus, reclaman aprobar las cuentas catalanas lo antes posible y ajustarlas posteriormente con ese "plan de rescate social y económico". Señalan que empezar otra vez de cero un proyecto presupuestario supondría un mínimo de cinco meses de trabajo, un tiempo, que advierten, "no podemos perder".

Autónomos y renta garantizada de ciudadanía

Entre los puntos a reforzar, los 'comuns' destacan el refuerzo del Plan Nacional para la Industria con nuevos recursos y el apoyo a los autónomos, ya que consideran que la partida de 7,5 millones destinados "se queda muy corta". En cambio Albiach considera "incomprensible" la partida de 41 millones dedicada al circuito de F-1 de Montmeló y propone reducirla para dedicar buena parte de ella a otros ámbitos, como por ejemplo aumentar la destinada a la renta garantizada de ciudadanía. Las modificaciones posteriores a la aprobación de los presupuestos catalanes podrían incluir, según apunta la coalición morada, los 50 millones incluidos en el plan de choque anunciado por el Gobierno español, así como la parte catalana de los 1.000 millones contemplados para reforzar el sector sanitario. Y también la cantidad extra que emane de la flexibilización de la regla de déficit, punto en el que instan al gobierno español y al catalán a aclarar si supondría 270 millones más, como defienden los primeros, o 72, como apuntan los segundos.