Una jueza de Girona pide al Supremo investigar a Puigdemont por corrupción

El panorama judicial del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont puede complicarse. La jueza de Instrucción número 2 de Girona ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le investigue en relación con la gestión de la empresa Aigües de Girona (Agissa) durante su mandato al frente del Ayuntamiento gerundense, entre el 2011 y el 2016. En concreto, a que se destinó lo recibido con un canon previsto para el mantenimiento del servicio a comprar obras de arte.

La magistrada, que hace suya la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuando era diputado autonómico, y ahora al Supremo, por ser eurodiputado, considera que pudo haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Si la Sala Segunda del Supremo decide asumir la investigación remitida, deberá cursar el correspondiente suplicatorio a la Cámara europea para que le levante la inmunidad y poder proceder como él.

El expresidente Puigdemont, que huyó de la justicia española cuando fue citado a declarar por el 'procés', se ha apresurado a contestar en Twitter que "hace un año, cuando aparecieron informaciones con los mismos elementos de ahora" se ofreció a través de su abogado a declarar voluntariamente para "cortar de raíz" lo que considera "un intento de ensuciarle". Dice que se le negó que existiera tal investigación y considera que el procedimiento obedece a un intento de extraditarle "como sea".

Aunque el Supremo se declarara competente para investigarle, su entrega no sería tan automática como parece temer Puigdemont. Fuentes de Anticorrupción, la Fiscalía que ha pedido al alto tribunal que le investigue,  dudan de que con este procedimiento se plantee, aunque la decisión sobre la conveniencia o no de cursar una euroorden para intentar que venga a España corresponderá a los fiscales del Supremo.

Dos en el listado

Se basan en que la prevaricación no está penada con cárcel y no aparece en el listado de delitos de entrega automática previstos en el sistema para lasentregas europeas. Sí lo están el fraude contra la administración y la falsedad documental, pero señalan que este primer delito es menos grave que la malversación por la que se le reclama en el 'procés', porque la conducta que se imputa al expresident consistió en desviar dinero público a la adquisición de la colección artística de Rafael Santos Torroella, para el Ayuntamiento, no para enriquecerse él mismo.

En su día, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena renunció a aceptar su entrega desde Alemania, pero porque aceptarla solo por malversación, vetaba poder juzgarle por rebelión o sedición, lo que ahora no se ocurriría. 

La decisión final corresponderá a la Sala Segunda, previo informe de la Fiscalía del Supremo. Las fuentes fiscales consultadas destacan que la causa seguida por el 'procés' y la de Aigües de Girona plantean hechos totalmente distintos. Esta última se inició por la magistrada de esa localidad en 2015 a raíz de una denuncia de la CUP contra el que era consejero delegado de Agissa, Narcís Piferrer, por un delito continuado de administración desleal, al considerar que benefició a la parte privada de la empresa mixta, la sociedad Girona SA, a través de "facturaciones irregulares y autofacturaciones", frente a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt, con el 20% restante.

Si el Supremo decide investigar al 'expresident' huido y se concede el correspondiente suplicatorio, se sumaría al ya tramitado por Llarena por sedición y malversación en relación con el 'procés'. La adquisición de la condición de eurodiputado llevó al magistrado a dejar en suspenso la euroorden cursada para tratar de lograr su entrega.  

Registros

Los tres consistorios afectados fueron registrados en junio de 2018 en busca de documentación relacionada con la compra de la colección de Rafael Santos Torroella por 3,9 millones de euros por el pleno del Ayuntamiento de Girona, gracias al voto de calidad del entonces regidor, Puigdemont.

La investigación se centra en el desvío de lo obtenido con un canon extraordinario que se impuso a los ciudadanos para comprar la colección, pese a que la naturaleza de los fondos obligaba a reinvertirlos en el servicio de abastecimiento de agua. La magistrada considera que se utilizó "un artificio" para ocultarlo y ello causó "un perjuicio en el patrimono del Ayuntamiento de Girona, en la red de saneamiento y agua potable".