05 ago 2020

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SOBRE LA APLICACIÓN DEL 100.2

El fiscal superior de Catalunya: "Si la Generalitat ve rehabilitados a los presos debió darles el tercer grado"

La Junta de Tratamiento de Lledoners ha considerado que Junqueras y Romeva podrán salir de la cárcel tres días a la semana durante seis horas para trabajar

Efe

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres. 

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres.  / PARLAMENT DE CATALUNYA

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha defendido los recursos en que el ministerio público se opone a los permisos laborales a los presos del procés y ha afirmado que "lo razonable" es que la Generalitat les hubiese concedido el tercer grado si los ve rehabilitados.

Así lo ha indicado Bañeres en una comparecencia en el Parlament para presentar la Memoria de la Fiscalía en Catalunya en 2018, en la que JxCat y ERC han cuestionado los recursos de la Fiscalía contra los permisos para que los presos salgan de la cárcel unas horas al día entre semana para ir a trabajar, cuidar de familiares o ejercer voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El fiscal ha justificado los recursos del ministerio público para oponerse a la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y ha asegurado que dan el mismo trato a los presos del procés que a cualquier otro interno.

Según el fiscal superior, uno de los requisitos para poder disfrutar de este tipo de permisos es que los afectados deben "aceptar" que cometieron un delito y "comprometerse" a no volver a hacerlo.

"Lo razonable hubiese sido el tercer grado"

"Otra cosa hubiese sido que si los internos efectivamente se considera que evidentemente están en situación de estar perfectamente adaptados para la vida en libertad, con aceptación del delito cometido y con compromiso o por lo menos pronóstico de no volverlo a realizar, en ese caso lo razonable hubiese sido la calificación en tercer grado, que para esto está en la ley de vigilancia penitenciaria", ha subrayado.

La consellería de Justicia de la Generalitat, en manos de la republicana Ester Capella, avaló la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas para que los nueve presos del procés fuesen clasificados en segundo grado y no en el tercero, como defendía la defensa de algunos de los presos de JxCAT.

Si la Generalitat hubiese clasificado a los presos del procés en el tercer grado -por el que solo se va a dormir a prisión-, un eventual recurso de la Fiscalía contra esta medida podría haber llegado hasta el Tribunal Supremo, que fue el que los condenó.

Por contra, una vez los presos han sido clasificados en el segundo grado, los recursos de Fiscalía sobre la aplicación del artículo 100.2, que flexibiliza el régimen penitenciario con salidas durante unas horas al día entre semana para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar a familiares, se agotan en la audiencia provincial.

Hasta el momento, la Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la aplicación del 100.2 en el caso del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, alegando que no se han arrepentido y que sus salidas laborales y de voluntariado no ayudan en su reinserción ya que lo que necesitan es un programa específico sobre el delito de sedición por el que fueron condenados.

Las juntas de tratamiento también han acordado hasta el momento aplicar el 100.2 a los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.