Falsa intervención de Andalucía

La decisión de Hacienda de frenar la salida a los mercados financieros de Andalucía por el incumplimiento en el 2018, cuando gobernaba el PSOE, de los objetivos de estabilidad presupuestaria ha desatado una polémica desbocada entre la Junta y el Departamento de  la ministra María Jesús Montero, que fue consejera andaluza de Hacienda hasta junio del año pasado.  

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP)  pidió al presidentel del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una rectificación en la decisión de «intervenir» a Andalucía.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció la petición de comparecencia de Montero en el Congreso. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas,  tildó de «demencial» y «sectario» que el Gobierno «ataque» a la Junta. Y Vox denunció que  Sánchez, ha decidido aplicar el artículo 155 en Andalucía como «vendetta».

«El Ministerio de Hacienda no ha intervenido la Junta de Andalucía», reaccionó el el Departamento de Montero a través de un comunicado en el que Hacienda exige nuevos ajustes por el déficit de un ejercicio en que Andalucía estuvo gobernada por el PSOE. Estos ajustes, según el Ministerio, deben asegurar que Andalucía cumple el Plan Económico-Financiero (PEF) que el propio Gobierno regional ya entregó en julio. «Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados», según Hacienda.

Los datos definitivos del 2018, conocidos en octubre, muestran que el déficit andaluz se situó en el 0,5%, una décima por encima del objetivo. El gasto creció el 5,8%, el doble de lo permitido por la regla de gasto (2,7%).

Según la ley, estas dos circunstancias impiden que una comunidad pueda buscar su financiación de forma autónoma en los mercados de capitales. Andalucía tendrá que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que proporciona dinero a tipo cero. A cambio el FLA  conlleva una mayor vigilancia presupuestaria de la Junta que --sin llegar al control reforzado que se aplica en Catalunya; ni, mucho menos a la intervención del 155-- es la misma que aún existe en Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja y Cantabria e idéntica a la que soportaron todas las comunidades -salvo Madrid- en algún momento entre el 2012 y el 2018.