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En Madrid y Andalucía

Discordia por la memoria histórica

La izquierda denuncia el desmantelamiento de las políticas contra el olvido de la represión franquista bajo gobiernos del PP, Cs y Vox

Juan José Fernández

Familiares de republicanos fusilados en el paredón del cementerio de La Almudena (en 1939 se llamaba Cementerio del Este) posan ante las obras municipales de arrancamiento de las placas que recordaban a 1.000 de los 2.937 ejecutados en ese lugar por el franquismo tras la Guerra Civil.

Familiares de republicanos fusilados en el paredón del cementerio de La Almudena (en 1939 se llamaba Cementerio del Este) posan ante las obras municipales de arrancamiento de las placas que recordaban a 1.000 de los 2.937 ejecutados en ese lugar por el franquismo tras la Guerra Civil. / JOSÉ LUIS ROCA

La semana ha sido tensa para los familiares de republicanos fusilados en Madrid, y a su último escozor contribuye la agenda municipal. El lunes 25 el Consistorio arrancó las placas con 1.000 nombres de un monumento en el que fue paredón del cementerio de La Almudena. Y para el día 4 está prevista la próxima actuación municipal en materia de conmemoraciones: la colocación de una placa en la que fue primera tienda de Rodilla, firma de bocadillos que cumple 80 años. Un asunto importante, al parecer: es punto único del orden del día de un pleno extraordinario del Distrito Centro.

Unas paredes de hormigón en el camposanto, desnudadas de sus placas, se han convertido en rompeolas de todas las memorias, el punto donde derecha e izquierda libran un pulso destinado a durar. Mauricio Valiente, exconcejal de Derechos Humanos y Memoria en el anterior consistorio, el de Manuela Carmena, y dirigente de Izquierda Unida, admite que hay hoy más rencor en la ciudad que hace una semana: "Este tipo de actuaciones no dejan buen sabor de boca precisamente".

En Andalucía, va a cumplir su primer año el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP + Cs con apoyo de Vox), y languidece el programa de Memoria Histórica más amplio del país. "Lo dejan morir de inanición", se queja Javier Giráldez, profesor de enseñanza media, ex director general de Memoria de la Junta y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A.

Nombres en piedra

El monumento de Madrid es coetáneo del que, en Barcelona, recuerda los fusilamientos del Camp de la Bota. "Las alcaldías de Manuela Carmena y Ada Colau concibieron al tiempo sus proyectos", apunta Tomás Caballero, nieto de fusilado y portavoz de los familiares de republicanos ejecutados en Madrid que, indignado, espera algún gesto del Ayuntamiento mientras éste reedifica un monumento sin nombres, y para los fusilados de los dos bandos, entre 1936 y 1944.

Cualquier monumento conjunto tendrá el rechazo de IU en Madrid, augura Valiente: "El paredón de La Almudena no merece una consideración tan ofensiva. Este país no puede basarse en la desmemoria".

Como una opinión exclusivamente personal, el exconcejal del PP e historiador Pedro Corral, que tiene un tío abuelo ‘nacional’ en las tumbas de Paracuellos, ve una posible solución: "Colocar los nombres en sendos espacios de interpretación aledaños, uno para 1936-1939 y otro para 1939-1944, en los que se cuente quiénes eran y qué les pasó. No sería separar víctimas, sino periodos, y se cumpliría la petición de una de las 13 rosas: que sus nombres no se borren de la historia", explica, aludiendo al último deseo de una de las miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas fusiladas en 1939. Corral ha hecho llegar esta opinión al equipo del alcalde popular José Luis Martínez-Almeida. 

Pero el Ayuntamiento tiene otras prioridades monumentales en este fin de año, ocupado en la instalación de una estatua dedicada a los últimos de Filipinas. Su autor, Salvador Amaya, es el mismo que creó la estatua de Blas de Lezo, defensor de Cartagena de Indias, impulsada por cuestación popular en 2014 y colocada en la plaza de Colón en tiempos de la alcaldesa Ana Botella.

El "modelo Rajoy"

"Los nombres son importantes. Todos los asesinados de cualquier bando fueron víctimas; pero unas fueron reparadas y otras no. Y reparar a unas no significa agraviar a otras", repone Giráldez. "La memoria es espacio de convivencia, y atacar a una es atacar a la otra", sentencia el político y docente andaluz.

La contramemoria es menos ruidosa en el sur, pero contiene gestos significativos dentro de lo que él llama "modelo Rajoy", que consiste en un "ahogo económico continuado". En el gobierno de Moreno no existe ya la Dirección General de Memoria, que ha sido sustituida por una Dirección General de Concordia.

Concordia es la palabra, o el eufemismo. "De Concordia" es la ley que impulsa Vox para sustituir la de Memoria en Andalucía. Giráldez ve una influencia del partido de extrema derecha que "rompe los consensos que se estaban estableciendo".

En Madrid, Valiente no ve tanta influencia de Vox, "ni es necesaria, porque el PP de Madrid tiene muchos perfiles de extrema derecha", opina.

Desde el PP madrileño, fuentes cercanas a la presidencia regional niegan tal influencia: "La preocupación de este Gobierno son los problemas del futuro, y no remover el pasado". La misma fuente considera que esta pugna "interesa a Vox y a Podemos porque activa a su electorado. Pero no vamos a entrar en el trapo de un debate estéril creado para arrinconar al PP y dividir a la población".

Memoria desmantelada

Ayuntamiento y diputaciones como las de Cádiz, Málaga y Huelva "han tenido que tomar la iniciativa en Andalucía", explica Giráldez. En esa comunidad lleva un año en el cajón el decreto autonómico que permitiría sacar los restos del general golpista Queipo de Llano de la basílica sevillana de La Macarena, y ha parado la Junta su exhumación de fosas comunes. Quedan muchas: 708, de los que 160 han sido intervenidas, y otras 160 están sin localizar.

El cambio de signo en la Junta pilló a Andalucía con 50 intervenciones iniciadas en fosas -incluida la de Nerva (Huelva) la mayor encontrada nunca en zona rural, con 1.500 cuerpos de mineros asesinados en las colinas de Río Tinto- "pero en el último año se han realizado cero", recuerda Giráldez.

Trabajos de exhumación de republicanos represaliados por el franquismo en la fosa común de Nerva (Huelva). / DIPUTACIÓN DE HUELVA

En Madrid, del panel de medidas pro Memoria que desarrolló Carmena y que ya no desarrolla Martínez-Almeida, una subraya Valiente: la recogida de testimonios en una Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas.

Esa oficina no existe desde julio. "Fue la segunda decisión del nuevo Gobierno", recuerda el exconcejal. Por convenio con la Universidad Carlos III, esa oficina, creada en octubre de 2018, grababa declaraciones orales de acusadores del franquismo, muchas con vistas a aportarlas a acciones judiciales, y todas para un archivo de la Memoria de la ciudad de Madrid. El archivo ya no está activo y sus cinco funcionarios han sido recolocados por el Ayuntamiento.

Fuentes cercanas al equipo de Martínez-Almeida desmienten que hayan sido ellos los desmanteladores de la oficina. "Esa recogida de testimonios tenía un número limitado, 14, y un contrato de 9.000 euros que caducó estando el anterior gobierno en el poder, en diciembre de 2018", aseguran.

Pese a su tamaño, Madrid puede ser un pañuelo. Las biografías se entrecruzan entre bambalinas del pulso por la Memoria. El presidente del pleno municipal, el concejal del PP Borja Fanjul, es biznieto del general Joaquín Fanjul, uno de los líderes del golpe de julio de 1936, que fue apresado por la República, juzgado y fusilado en agosto. En marzo de 2017, el gobierno de Manuela Carmena retiró su nombre del callejero madrileño con votos del PSOE y Cs.

En julio de 1936, Francisco Ots, abuelo de Mauricio Valiente, era un funcionario madrileño de Hacienda destinado en comisión de servicio en Soria. Allí fue detenido, trasladado a Teruel, encarcelado, liberado y fusilado por una partida de carlistas. Su cuerpo permanece en paradero desconocido.