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Torra pasa al ataque en el juicio por no retirar los lazos amarillos

"Voy a acusar al Estado de vulnerar mis derechos", afirma el 'president' a las puertas de la sesión por desobediencia

La inhabilitación llevaría a elecciones si ningún otro candidato logra ser investido en dos meses

J. G. Albalat / Fidel Masreal

Quim Torra y Artur Mas, antes de entrar en el Tribunal de Justícia.

Quim Torra y Artur Mas, antes de entrar en el Tribunal de Justícia. / GERARD ARTIGAS / ACN

Quim Torra ha decidido afrontar al ataque el juicio que, debido a una pancarta, lo puede apear de la presidencia de la Generalitat. "No voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como 'president': defender los derechos y las libertades. Voy a acusar al Estado de vulnerar mis derechos y los de todos los ciudadanos", ha tuitetado horas antes de acudir ante el juez para convertirse en el primer 'president' de la etapa democrática que se sentará en el banquillo de los acusados en el ejercicio de su cargo. El jefe del Ejecutivo catalán está acusado de desobediencia por un hecho muy concreto y que estuvo a la vista de todos: negarse -de entrada- a retirar la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat durante la campaña a las elecciones generales del pasado mes de abril. El fiscal reclama para él un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un presunto delito de desobediencia, al haber “desatendido abiertamente” las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar este símbolo independentista. [Sigue las últimas noticias del juicio a Quim Torra en directo.]

El juicio se celebrará en en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y está previsto que se inicie y acabe este mismo lunes. Primero declarará Torra y tras él 11 agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el comisario de los Mossos, Miguel Esquius. Tras ello, comparecerán ante los magistrados el portavoz de Ciutadans en el Parlament, Carles Carrizosa (partido que presentó la querella ante la fiscalía), la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, la portavoz del Ejecutivo catalán en marzo del 2019, Elsa Artadi, el Síndic de greuges, Rafael Ribó -que recomendó en un informe a Torra que retirara los lazos- y el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch.

La "contumacia" del 'president'

El fiscal superior Francisco Bañeras expone en su escrito de acusación que el 11 de marzo pasado la JEC conminó al 'president' a que retirara los lazos amarillos de todos los edificios públicos de la administración autonómica en el plazo de 48 horas para mantener la neutralidad política durante la campaña.

"No obstante la claridad de la orden" de la JEC, Torra, que ya había presentado sus alegaciones, "decidió desatenderla a pesar de ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento", describe el fiscal. Poco antes del vencimiento del plazo, sin embargo, el 'president' presentó un escrito en el que instaba al organismo a una reconsideración del acuerdo adoptado. Dicho escrito, a pesar de ser "aparentemente improcedente al tratarse de una resolución firme", fue aceptado por la Junta Electoral.   

Días después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión de que se retiraran los lazos y advirtió a Torra de las "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que pudiera incurrir si persistía" en su "desobediencia" a estos acuerdos. El 'president', sin embargo, “desatendió” dicha orden y vista su y vista su "contumacia", el 21 de marzo, la JEC requirió al 'conseller' de Interior que procediera a quitar los lazos. No hizo falta, ese día se retiraron de los edificios públicos.

En su declaración judicial, Torra admitió abiertamente ante el juez haber desobedecido las órdenes de la JEC de retirar las pancartas con lazos amarillos y la simbología independentista de la fachada de Palau. "Sí, desobedecí", dijo Torra ante el juez el pasado 15 de mayo. También argumentó que la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de su competencia era ilegal e inaplicable e invocó a la libertad de expresión y de pensamiento político.

Una decisión controvertida

La decisión de Torra de mantener durante días el pulso a la Junta Electoral generó no pocas tensiones internas en el seno del Govern, donde destacados dirigentes recomendaron al 'president' que retirara los lazos. Su argumento, en público y privado, fue siempre el de que se trataba de una cuestión de conciencia personal y de defensa de valores fundamentales. Tras el informe del Síndic recomendándole dar marcha atrás, finalmente Torra retiró los lazos no sin antes intentar otra treta consitente en colgar una pancarta con un lazo blanco y una franja roja con un lema en defensa de los presos independentistas y los "exiliados". Tras unas horas, finalmente acabó cediendo del todo. Pero pese a ello, el procesamiento por desobediencia ya estaba en marcha y puede llevarlo a perder el puesto en una carambola que precipitará elecciones anticipadas si no hay un candidato alternativo. Unas elecciones que son lo que precisamente no quiere Junts per Catalunya y sí reclama ERC, que las obtendría, además, sin aparecer como el responsable de las mismas.