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EN CATALUNYA

Macrooperación de la Guardia Civil por desvío de fondos del deporte

Detenido el director general de Esport, Gerard Figueres, y la exconcejala del PDECat, Maite Fandos

La trama pretendía "vehicular" dinero público destinados a la candidatura a las Olimpiadas de invierno de BCN

J. G. Albalat

Operación de la Guardia Civil por desvío de subvenciones a fundaciones de CDC. En la foto, Gerard Figueras llega a la sede de la Secretaria General de l’Esport. / FERRAN NADEU / VÍDEO: EFE

La Guardia Civil desplegó este marte, bajo la dirección del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, una amplia operación por presunta malversación de fondos públicos de la Secretaria General General de l’Esport, y la recolocación presuntamente irregular de la exconcejala del PDCat del Ayuntamiento de Barcelona, Maite Fandos- En la trama de desvío de dinero público a fundaciones de la órbita soberanista y de Convergència, como Catmon e Igman, figura la empresa pública Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels, así como Ferrocarrils de la Generalitat. Una denuncia previa sostenía que parte de esas cantidades podría haber ido a parar al PDCat, pero no se descarta que se hayan utilizado para otros fines. Este partido, sin embargo, ha negado su implicación.

Los agentes del instituto armado detuvieron ayer el secretario general de lEsport de la Generalitat y exdiputado en el Parlament, Gerard Figueras, a la exconcejala del PDCat en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Junta de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos,  a Alejandro Gallo Navarro, apoderado de la empresa pública Equacat, y Lluis Pellisera, subdirector general de gestión y recursos humanos del Consell Català de l'Esport, a los que se les atribuye los presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.

Miembros de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Catalunya practicaron, asimismo, registros en instalaciones públicas y cuatro domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades en partidas presupuestarias y subvenciones y contrataciones arbitrarias,así como dinero desviado a publicidad en revistas de entidades soberanistas. Una de las dependencias que han sido las de la Secretaria General de l'Esport.

Tráfico de influencias

La trama desarticulada presuntamente tenían la intención de "vehicular" fondos destinados a la candidatura olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pirineus-Barcelona 2030, según los auto de entrada y registros dictados por el juez instructor Joaquín Aguirre. Ese trasvase de dinero se iba a realizar a través de la creación de una fundación que, al parecer, se iba

Según los investigadores Gerard Figueres intervino para que la exconcejala del PDECat fuera colocada en la Diputació de Barcelona como asesora del área de innovación cuando dejó de ser concejal. En esta maniobra, en la que participaron relevantes políticos catalanes y del PDECat, tenía dos objetivos: tenerla controlada porque había amenazado con explicar asuntos sensibles y  aprovechar este destino  para, a través de la constitución de una fundación, presuntamente desviar dinero que de entrada iba destinado a la candidatura de los juegos olímpicos de invierno, que debía formalizarse este otoño y tiene un amplio apoyo de la Generalitat y del empresariado catalán.

Las funciones que desempeña Fandos esta muy lejos de las inherentes a su cargo en la Diputació de Barcelona y estarían ligadas, según el juez, a la candidatura olímpica. Así se desprende de las conversaciones que Figueras mantiene conversaciones con diversas personas y en las que afirma que el programa de los juegos olímpicos de invierno tiraría adelante y que permitiría incorporar a Fandos. Los investigados mencionan la financiación del proyecto con posibles aportaciones públicas y la intención de traspasar fondos a través de una fundación. Para desarrollar este plan se pretendía contactar con altos miembros del gobierno catalán.

Información sensible

El auto de entrada y registro en el domicilio de Fandos, el juez Aguirre expone que la necesidad de colocar a exconcejala en las instituciones públicas no era solo un interés laboral, sino que en caso de no materializarse, podría “descontrolarse” y explicar cosas que “podrían afetar negativamente“ a la exconsellera Neus Munté, a la concejal Elsa Artadi, a la secretaria general de la Presidencia Meritxell Masó y el presidente del PDCat David Bonvehí.

El magistrado expone que se ha acreditado “la enorme preocupación” que muestran los investigados ante la eventual pérdida de la Generalitat, por lo que sería la Diputació de Barcelona (gobernada por el PSC y Junts per Catalunya), la institución que pretendían utilizar para colocar a personas de su confianza, como Fandos. Las gestiones para “esclarecer" el futuro de Fandos llegaron al punto de que su amigo Gerard Figueras hablara con personas “con influencia política notoria”, como Elsa Artadi, Xavier Trias y Artur Mas. El juez pone de relieve el papel jugado por la exconsellera Neus Munté, a la que sitúa como la persona que habría influido en otros cargos de la Diputació de Barcelona para que nombraran a Fandos asesora y ello “consensuado” con Bonhevi y Artadi.  

La trama

La investigación del juez Aguirre arranca en mayo del 2018, a raíz de una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones por un presunto caso de corrupción en la Diputació de Barcelona. La operación Estela se inició meses antes por el reparto presuntamente irregular, a través de subvenciones, de más de dos millones de euros, durante el mandato del presidente Salvador Esteve (CiU).

Esas ayudas iban a parar a empresas, fundaciones, en algún caso de la órbita independentista, y patronales que, en realidad, debían haber ido destinadas a prestar a asistencia técnica a países en vías de desarrollo.

Meses después, el juez Aguirre se hizo cargo de una investigación de la Fiscalía de Barcelona por el presunto desvió de fondos destinados al deporte que, a través de una entidad soberanista, habrían ido a parar al PDEcat. En las entradas y registros efectuados en mayo del 2018, la Policía Nacional halló apuntes contables sobre una de estas operaciones.