La huelga universitaria cosecha poco seguimiento pero boicotea las clases en cuatro campus

El fracaso de la política ha derivado en un ‘procés’ poroso que poco a poco, pero sin detenerse, va anegando compartimentos sociales que hasta la fecha habían orillado o picoteado de manera sutil el debate identitario. El ejemplo más palmario de estos días es la universidad pública, que acaba de iniciar una huelga indefinida convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Un paro desigual y algo atropellado que ha cogido con el pie cambiado a un gremio, el de la enseñanza superior, que se ha encontrado con una situación más que incómoda. Embarazosa por varias razones: porque no hay un posicionamiento único y cada facultad friega su propio suelo, porque desde el Govern tampoco llega ninguna directriz ni apoyo explícito, porque asisten a una división insólita de sus alumnos y porque, ante el constante naufragio de los políticos de uno u otro sentir, no ven el modo de salir del atolladero. Y a todo esto, el miércoles se unen, durante dos días, los estudiantes de bachillerato.

La huelga se ha convocado, principalmente, para solicitar a los docentes que la evaluación continua se cambie por otra de carácter único, y que en estas semanas se anulen los exámenes, con el objetivo de que los jóvenes que están volcados en las manifestaciones que siguieron a la sentencia del juicio del ‘procés’ no sufran un descalabro académico. Pero como la cosa va por barrios, en algunas universidades, como en la Pompeu Fabra, la que más refriegas ha registrado, también se exige al rector un posicionamiento político, por ejemplo, "contra la represión policial". El 14 de octubre, recién conocido el fallo del Supremo, esos casi 100 años de cárcel, la Associació Catalana d’Universitats Públiques ya hizo público un comunicado en el que mostraba su "indignación por la situación que se vive en Catalunya", así como su preocupación "por las circunstancias personales que viven las personas afectadas por la sentencia". Para muchos, aquel edicto se quedó corto. Para muchos otros, se metía en harina de otro costal.

El martes ha amanecido con problemas en cuatro campus, el de la UPC de Manresa y los tres de la Pompeu Fabra (Ciutadella, Mar y Poblenou), donde los chavales que querían ir a clase se han encontrado con las puertas bloqueadas por compañeros de pupitre -algunos de ellos habían pasado la noche en el edificio- que les han negado la entrada. Ha habido forcejeos, empujones y gritos, también saltos de valla para entrar en las aulas, pero la cosa no ha ido a mayores. A través de Twitter, la propia facultad ha llegado a recomendar no acercarse al campus de Ciutadella "por cuestiones de seguridad". 

El seguimiento, según informa la Secretaría de Universitats, también ha sido desigual, con normalidad en la Universitat de Barcelona (solo en Bellas Artes se ha notado cierto bajón de alumnos), en la de Lleida y en la Rovira i Virgili; un 60% de ausencias en la UPC de Terrassa; un 20% en la facultad de Arquitectura de la UPC en Sant Cugat, y un 25% de huelguistas en la UPC de Vilanova i la Geltrú. La de Girona ha cerrado porque es festivo (Sant Narcís), y desde la Autònoma han informado que al margen del centenar de estudiantes que han cortado la AP-7 durante unos minutos, la situación "ha sido muy tranquila". La UPF, por la imposibilidad de entrar en las facultades, habrá registrado involuntariamente el seguimiento más masivo de la jornada. 

El rector de la Pompeu Fabra, Jaume Casals, ha explicado que está negociando con los cerca de 140 alumnos encerrados en sus tres campus, a los que ha garantizado que tendrán una versión mejorada de la evaluación única. También ha lamentado las "actitudes intolerantes" y las "injustificables barricadas" de los encerrados y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad". Esta universidad, por cierto, cuenta con cerca de 15.000 matriculados. En la UB, el rectorado ha dejado que cada facultad negocie con los jóvenes que piden medidas extraordinarias en momentos extraordinarios. La mayoría han alcanzado ya acuerdos. Lo mismo sucede en la UPC, donde el diálogo parece ir algo más despacio. La UAB y la Rovira i Virgili celebran el miércoles consejos de gobierno para analizar la situación. La de Girona hará lo propio el jueves. 

Por parte del Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido este martes que el derecho "a la protesta pacífica de unos de ninguna manera puede conculcar el derecho de otros a acceder a las clases que les corresponden para seguir con su educación universitaria". "Las universidades tienen que permanecer abiertas y contar con las medidas de seguridad que les proporciona el Estado de derecho". ¿La policía en los campus...? Eso son palabras mayores.