Podemos denuncia "persecución política" por la imputación de tres diputados por Alcoa

Unidas Podemos denuncia "persecución política" contra su formación después de que tres diputados (Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino) y una exdiputada del partido morado (Ángela Rodríguez) aseguren estar siendo investigados por el juzgado de instrucción número 25 de Madrid por un supuesto delito de atentado contra la autoridad que habrían cometido durante unas cargas policiales en las proximidades del Congreso, en una protesta de los trabajadores de la empresa Alcoa, el pasado mes de marzo.

"Esto supone una reactivación de las cloacas del Estado", ha sentenciado Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. Así, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la "actuación de policía política inaceptable" que se está dando. En este sentido, Mayoral ha apuntado que los atestados policiales a los que ha tenido acceso cuentan "falsedades". 

Según han explicado los diputados, ellos estuvieron presentes en la concentración de los trabajadores de Alcoa y cuando se produjo el enfrentamiento con la policía intentaron mediar entre ambas partes y se colocaron entre los agentes y los manifestantes para calmar la situación. "Lo que hicimos fue mediar para que dejaran de golpear a los trabajadores", ha subrayado Díaz. 

Además, han tachado el procedimiento de "irregular de principio a fin" ya que, según dicen, se enteraron porque Mayoral recibió este pasado martes una citación para que acudiese a declarar al día siguiente.

No pude imputarles

En lo que tienen razón los diputados es que la jueza de Instrucción número 25 de Madrid no puede imputar a un diputado, porque estos disponen de fuero que hace que solo puedan ser investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Supremo. Esta circunstancia cambiará, no obstante, el próximo martes cuando se disuelvan las Cortes y entonces, salvo que alguno de ellos forme parte de la Comisión Permanente, pierdan su condición de diputado y con ella su privilegio. Solo entonces la magistrada del 25 podría citarles. En cualquier caso, la representanción legal de los electos de Podemos siempre pueden informar al Juzgado de la situación en la que se encuentran.

Fuentes jurídicas recordaron otros casos en los que un aforado estuvo imputado por un juzgado de instrucción madrileño. El más característico es el del presidente del PP, Pablo Casado, al que se empezó a investigar cuando compañeros suyos del máster declararon que no asistió a clase. Pero la actuación de la magistrada del 25 difiere de la del 51, porque la juez del caso máster nunca citó a declarar a Casado como  imputado, sino que cuando lo consideró conveniente elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo, que fue la que archivó el caso.