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El Parlament concede una prestación económica a Junqueras y Sànchez

La indemnización se otorga a exdiputados que han finalizado su actividad

El republicano cobrará 13.000 euros y el dirigente de JxCat, 900 euros

Júlia Regué

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en septiembre del 2017, en el Parlament.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en septiembre del 2017, en el Parlament. / FERRAN NADEU

La Mesa del Parlament acordó ayer conceder una "prestación económica por cese de actividad" al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al dirigente de JxCat, Jordi Sànchez. El resto de presos no la han solicitado.

Se trata de una indemnización que ofrece la Cámara catalana para ayudar a los exparlamentarios que se encuentren en una situación de desempleo al finalizar la legislatura. Junqueras recibirá 13.000 euros (es diputado desde el 2012) y Sànchez, 900 euros (recogió el acto el pasado 17 de enero). 

Las compensaciones son proporcionales al tiempo que ejercieron como diputados. "Para calcular el importe total de la prestación hay que tener en cuenta, el número total de legislaturas en que el diputado o diputada ha sido miembro del Parlament, el número de años efectivos del mandato y la asignación percibida en función de los cargos ejercidos", expone la normativa. De acuerdo con esta, el diputado que haya completado una legislatura tendría derecho al 25% de su asignación mensual multiplicada por el número de años. En el caso de haber sido parlamentario durante dos, tres, cuatro o más legislaturas, el porcentaje se eleva hasta el 50%, 75% o 100%, respectivamente. 

La ayuda económica se agota cuando la inserción laboral se produzca, cuando se reciba una pensión de cualquier tipo o cuando haya recibido la cantidad total a la que tenía derecho. Hasta ahora, habían pedido esta prestación 25 exdiputados y se le otorgó a 24 de ellos. Los que recibieron una compensación más cuantiosa fueron los posconvergentes Albert Batalla (39.914,82 euros), Dolors Rovirola (31.300,11 euros) y Ramona Barrufet (17.836,99 euros). 

Cs se abstiene 

El único partido que se planteó "dudas" fue Ciutadans (Cs). Su representante se abstuvo alegando que hay que esperar a la sentencia del juicio para ver si quedan inhabilitados, porque, de lo contrario, podrían cobrar en el Congreso y no tendrían derecho a recibir la prestación del Parlament. Los letrados apuntaron que están suspendidos en ambas cámaras y que no reciben remuneración.