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'CASO GÜRTEL'

El juez impone fianzas de 80 millones de euros por el 'caso Gürtel'

De la Mata abre juicio oral contra 21 investigados en la pieza relativa al Ayuntamiento de Arganda del Rey

Entre ellos estan Correa y varios constructores, entre ellos, los que confesaron en el primer juicio de la trama

Ángeles Vázquez

Francisco Correa (izquierda) y Pablo Crespo, durante el juicio por el ’caso Fitur’.

Francisco Correa (izquierda) y Pablo Crespo, durante el juicio por el ’caso Fitur’. / MIGUEL LORENZO

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va poco a poco cerrando las piezas pendientes del 'caso Gürtel'. Ahora le ha llegado el turno a la abierta por las "actividad depredatoria" que considera que los 21 investigados cometieron en el municipio madrileño de Arganda del Rey. El  magistrado ha abierto juicio oral e impone fianzas cercanas a los 80 millones de euros a varios de ellos por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la hacienda pública, insolverncia punible y malversación de caudales públicos. 

Entre ellos se encuentra el máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien era su mano derecha, Pablo Crespo, y los empresarios de la construcción Fernando Martín y Alfono García Pozuelo, uno de los que llegó acuerdo con la fiscalía en el juicio de la primera etapa de esta red de corrupción. En su auto, de 170 páginas, el juez también decide juzgar, cmo responsables civiles subsidiarias, a ocho empresas, entre ellas, las constructoras Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.

En esta causa se investigan las actividades desplegadas por los investigados, entre 1998 y febrero de 2009, cuando estalló la Gürtel, dirigidas a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de dicha localidad. Se trata, además de Correa y Crespo, de José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amando Mayo y Joaquín Martín Vasco.

Contra la administración pública

Al referirse al delito de fraude contra las administración pública, el juez relata que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda y de forma señalada, al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para ello, afirma, intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la "actividad depredatoria" que entre todos realizaron.

El magistrado describe que el exalcalde Ginés López, junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero, contaban con una privilegiada posición en la entidades públicas de Arganda, lo que les daba competencias muy relevantes en el área de contratación pública y permitía a la organización asegurar que los contratos “se adjudicaran conforme a los designios de la banda”.

Para ello no dudaron en diseñar un complejo plan, cuya implementación vigilaron de forma cuidadosa desde sus distintas posiciones administrativas para conseguir sus fines, alterando el procedimiento de contratación y causando “enormes perjuicios al ente público”.

Desde sus cargos

Otros investigados, señala De la Mata, como César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond Triana, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García, desde las posiciones públicas que ostentaban, colaboraron con los designios de los anteriores en los distintos procesos de contratación evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.

Por su parte, los investigados Correa, Crespo, Jordán y Collado Serra, según el auto, participaron armando todo el plan, “corrompiendo activamente a los anteriores con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses”.

Otros, por último, como García Pozuelo, Martínez Parra, Martín Álvarez, Salinas Lázaro, Mayo Rebollo o Blanco Balín contribuyeron decisivamente para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados y, para ello, presentaron sus ofertas amañadas, sabiendo que les serían adjudicadas, con precios desorbitados, plazos de incumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos. “Y para ello -añade el juez- prometieron y abonaron con las distintas metodologías indicadas, las comisiones millonarias que habían comprometido con Correa y su Grupo, que estos se repartieron ellos mismos y las indicadas autoridades”.