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CORRUPCIÓN

Esperanza Aguirre sustituye a Granados como cabecilla de la 'trama Púnica'

El juez destaca cómo repartió las empresas públicas madrileñas entre el hasta ahora principal imputado e Ignacio González

Detalla las vías irregulares de financiación del PP de Madrid ideadas por la expresidenta madrileña

Ángeles Vázquez

Esperanza Aguirre, expresidenta del Gobierno madrileño.

Esperanza Aguirre, expresidenta del Gobierno madrileño. / JOSE LUIS ROCA

Cinco años después de iniciada la investigación y apenas a un año de que deba concluirse, la trama Púnica ha arrollado a Esperanza Aguirre de tal manera que ha pasado a convertirse en la cabecilla de una red corrupta que hasta ahora parecía capitanear Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha reorganizado la cima de la pirámide de responsabilidades de este caso al atribuir en sus resoluciones a la expresidenta madrileña el conocimiento y control de la caja b del PP de Madrid e imputarla en la causa por todo el muestrario de delitos de corrupción: cohecho, malversación, falsificación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

Según el magistrado, es "difícil de imaginar" y de "todo punto imposible" que ignorara que "los gastos de las campañas autonómicas del 2007 y 2011 y las generales del 2008, por sus dimensiones escénicas y de medios" no excedían "los costes legalmente autorizables, algo que era fácilmente perceptible". Y tenía que conocer "la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente del PPCM, Beltrán Gutiérrez, lo que la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas".

Cómo se financiaba el PP madrileño

"Los diversos artificios que utilizó el PPCM desde las autonómicas del año 2007 para sufragar, al margen de las cuentas electorales, los gastos de los proveedores de las campañas, no es verosímil que ocurriesen sin su conocimiento y consentimiento”, al ser presidenta del PP madrileño entre 2004 y 2016 y presidenta regional, de 2003 a 2012.

Para ello contó con Beltrán, pero también con Ignacio González -el expresidente madrileño, principal imputado en el ‘caso Lezo’- y del hasta ahora considerado cabecilla de Púnica, Francisco Granados, porque el caso estalló al conocerse la fortuna que guardaba en Suiza, gracias a sus negocios con el constructor David Marjaliza, por los que cobraba comisiones, por ejemplo, por la construcción de colegios concertados.

Según el juez, el protagonismo que adquirieron González  y Granados "en la estructura fue alentado aún más por Aguirre cuando separó la Consejería de Presidencia de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno". De la primera se ocupó Granados y de la segunda, González. El objetivo fue repartir "las empresas públicas madrileñas para dejar en sus manos las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación".

De esta forma, Granados tenía a su disposición el suelo de la comunidad autónoma, a través de Arpegio, cuyo control mantuvo, pese a la "itinerancia extravagante de ida y vuelta" que sufrió la entidad. Según el auto, a través de esta empresa, el exconsejero de Presidencia, recibió "un cheque en blanco" en las adjudicaciones de la obra pública madrileña y de publicidad. 

Un 1% del presupuesto

El juez atribuye a Aguirre el control sobre "el desvío continuado de fondos públicos utilizando los contratos de las Consejerías de Transportes y de Presidencia, a través de las partidas de publicidad licitadas de varias de ellas (2005-2010), por medio de las subvenciones públicas concedidas a Fundescam (2007-2011) y en los últimos tiempos, siendo todavía presidenta de la Comunidad, a través de las contrataciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II (2011-2014)".

Según describe el magistrado, el plan ideado por Aguirre en connivencia con González, Granados y el empresario Horacio Mercado "incluía en los pliegos de los contratos que se licitarían desde algunas Consejerías una cláusula que obligaba a la empresa contratista a abonar hasta un 1% del presupuesto total del contrato para publicidad de la obra pública adjudicada, como forma de desviar fondos".

El juez, que cifra en 5 millones la cantidad desviada por esta vía con los contratos de ocho consejerías entre 2006 y 2008, ha pedido numerosa documentación a la Comunidad de Madrid sobre hospitales y carreteras, así como sobre las obras de la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova.