Casado se afianza en el PP tras retener el Gobierno de la Comunidad de Madrid

El líder de los populares tuvo un malísimo resultado en elecciones generales. Bajó hasta los 66 escaños después de una controvertida campaña electoral en la que se radicalizó para intentar frenar la fuga de votos a Cs y Vox, con escasos frutos. Unas semanas después, en los comicios autonómicos y locales, Pablo Casado perdió un puñado de mayorías absolutas y, en un momento en que se sabía cuestionado internamente, mucho, decidió pedir una tregua interna y fiarlo todo a saber tejer alianzas con naranjas y ultras, siguiendo con matices el modelo de Andalucía. Trató de conservar plazas claves para los suyos como los gobiernos regionales de Madrid o Murcia, aunque eso significase repartir el poder con los que, además, son sus principales adversarios políticos en el terreno del centro-derecha. Lo ha logrado finalmente, superando los grandilocuentes 'peros' que los de Albert Rivera y Santiago Abascal se han cruzado durante todas estas semanas de negociación, colándose de vez en cuando incluso insultos que se han hecho célebres en redes sociales.

Así, tras aferrarse a otro pacto de similares características para arrebatarle a Manuela Carmena el ayuntamiento de la capital, ahora verá como su compañera de filas y apuesta personal, Isabel Díaz Ayuso, se convierte en presidenta de la comunidad. Y podrá respirar tranquilo una temporada porque pese a haber perdido cuota de poder territorial respecto a hace cuatro años, sus críticos le reconocen haber aguantando aparentemente el envite de Cs y Vox.

Leyes LGTBI

En el caso de Madrid el colofón llegó este jueves. A primera hora Rocio Monasterio, del partido ultra, presentó públicamente un documento, de apenas tres folios, con sus exigencias definitivas para apoyar la investidura de Díaz Ayuso. El texto dejaba atrás algunos de sus planteamientos más radicales como la exigencia de la derogación de las leyes LGTBI, punto que se había convertido en el principal escollo de las negociaciones a tres (terminaron por ser conversaciones de un trío pese a las reticencias iniciales de Ciudadanos a sentarse y fotografíarse con Vox). También renunció Monstario a que dicho documento tuviera que llevar la firma de los jefes autonómicos de PP y Cs, conformándose con un aval y un compromiso verbal por parte de ambos.

La confirmación oficial de que el acuerdo estaba hecho fue el momento en que Ignacio Aguado, el presidente de los naranjas en Madrid, salió a la palestra a aceptar ante la opinión pública el último documento de propuestas que sobre la mesa había puesto Vox. "No son incompatibles [con el pacto que firmamos con el PP]", aseguró Aguado, refiriéndose al pacto previo que él había alcanzado con Ayuso hace unas semanas.

Quien está llamada a ser la próxima presidenta de Madrid, por su lado, también compareció ante los medios  para garantizar que haría suyas las iniciativas de los de Vox en su discurso de investidura, que podría ser pronunciado la próxima semana. "No son cuestiones excesivas", aseveró. "Hemos culminado por fin con éxito estos meses de negociaciones", se felicitó la aspirante popular, que queda ahora a la espera de que el presidente de la Asamblea madrileña, Juan Trinidad, convoque una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para fijar definitivamente fecha en que será propuesta y votada como potencial presidenta.  

Las propuestas de Vox

El pacto finalmente alcanzado deja fuera del gobierno a los de Abascal, aunque logran introducir en la agenda madrileña cuestiones como incorporar a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia el término Natalidad; el compromiso de respetar "la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro" o reducir al máximo todos los impuestos existentes en Madrid.

Pero entre los planteamientos con mayor calado ideológico destacan la intención de garantizar que "cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia" sea tratado "de la misma forma" o que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso directo a la información de que dispone la Administración sobre los extranjeros en situación irregular, algo que ya intentaron en Andalucía.