CLOACAS POLICIALES

Fianza de 300.000 euros para el exjefe de seguridad del BBVA en el 'caso Villarejo'

La sede la Audiencia Nacional, en Madrid.

La sede la Audiencia Nacional, en Madrid. / periodico

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado 15 días al exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano para pagar 300.000 euros de fianza y así eludir la cárcel. El que también fue comisario general de Policía Judicial ha comparecido ante el magistrado como imputado por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en la pieza relativa al banco del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales.

A petición de Anticorrupción, el juez también le ha prohibido salir del país, le ha retirado el pasaporte y le ha fijado comparecencias mensuales.

Corrochano es el principal imputado de esta pieza, ya que aparece como firmante de los contratos que el BBVA firmó con la empresa de seguridad Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo, preso desde noviembre de 2017. En una conversación telefónica, además, se le oye decir que el "presi" le llama cada 10 o 15 días, en referencia al entonces presidente del banco, Francisco González.

La imputación del exresponsable de seguridad se produjo a la vez que la del exnúmero dos del banco Ángel Cano, quien declarará finalmente el día 11, por encontrarse en el extranjero. El único de los directivos y exdirectivos que accedió a contestar, aunque solo a su abogado, fue el presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar. El exresponsable de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA dijo que Cenyt fue contratada entre 2010 y 2013 para localizar morosos.

Otros imputados

Este viernes también comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional Inés Díaz Ochagavia, que sustituyó a Corrochano como jefa de seguridad, y Nazario Campo Campuzano, también vinculado la seguridad del BBVA. Ambos se negaron a declarar ante el magistrado. El que sí lo hizo fue Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, motivo por el que estuvo en prisión en esta causa.