Hacienda aumenta el presunto fraude fiscal de Jordi Pujol con 2,2 millones de euros

Las causas judiciales tienen sus tiempos, aunque durante meses no se oiga hablar de ellas. En la que se investiga en la Audiencia Nacional a la familia Pujol se ha aportado un informe de la Agencia Tributaria en el que se incrementa la base imponible atribuible a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, con 500.000 euros en el ejercicio del 2008, y otros 2,2 millones, en el del año siguiente. El primero está prescrito, por lo que solo tendrá que responder penalmente por esta última cantidad.

El informe, adelantado por El Confidencial, se remite a otro de la Udef y a un auto del juzgado de fecha de hace un año, en el que el magistrado impuso medidas cautelares a uno de los socios en México de Pujol junior, Bernardo Domínguez Cereceres. La conclusión de los investigadores es que "la operativa declarada" por Pujol Ferrusola carece completamente de sentido y racionalidad económica, no existiendo además constatación objetiva alguna que la sostenga".

Con el objetivo de justificar que ingresos en efectivo millonarios realizados en su cuenta de Andorra se transfirieran inmediatamente a México, a la cuenta de Comercializadora Grupo Haklaab, la defensa alegó que a Jordi Pujol se le habían concedido unos préstamos para que remitiera divisas a México. Para los investigadores, estos prestamo no existieron y solo "tienen la finalidad de otorgar una justificación a los capitales puestos de manifiesto en Andorra".

Estas cantidades entregadas en Andorra son con las que la Agencia Tributaria aumenta la base imponible atribuible a Jordi Pujol. Se trata de 500.000 euros ingresados en abril de 2008, aunque este ejercicio ha prescrito y tres ingresos más realizados entre febrero y diciembre del año siguiente por importes de 930.000, 356.000 y 900.000 euros, lo que suma un total de 2.186.000 euros, cantidad por la que, según Hacienda, deber responder el imputado.

Ocho meses preso 

Pujol Ferrusola estuvo preso entre el 25 de abril del 2017 y el 27 de diciembre tras pagar una fianza de 500.000 euros. Se le imputa falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal. En su auto de prisión el juez José de la Mata le consideró quien "coordinó durante años la gestión de un importante patrimonio económico, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones", siempre "en beneficio de la familia".