España reprende a la ONU por el informe sobre los presos

Dos días después de que trascendiera el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias favorable a la excarcelación de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el Gobierno central decidió pasar a la ofensiva para tratar de neutralizar la campaña independentista que intenta cuestionar la calidad democrática de España. Una campaña que incluyó este viernes la reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán y el envío de una carta por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la fiscalía y a Pedro Sánchez instándole a seguir los consejos del comité de Naciones Unidas y poner en libertad a los presos.

Otra carta, en sentido muy diferente, fue remitida ayer por el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y que se suma a las quejas que el Gobierno ha comunicado por teléfono y por notas verbales –el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos– a la institución tras el capote del grupo de trabajo a los reclusos.

Filtración deliberada

En la carta, a la ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Borrell subraya que «no es casual» que el informe fue «filtrado» de manera deliberada para ocultar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que vapuleaba al ‘expresident’ Carles Puigdemont por los plenos de la ruptura en el Parlament, en octubre del 2017.

En una de las notas verbales presentadas por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, sostiene que no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

«La carencia de fundamentación y el cúmulo de errores gruesos, fácticos, valorativos, distorsiones y juicios paralelos que el juicio contiene no pueden entenderse sino considerando que estamos ante el fruto de una manipulación», concluye Borrell en la misiva, que acusa a los redactores del informe de desconocer la regulación del referéndum en España y de mentir al asegurar que la legislación española permite consultar sobre la independencia de una autonomía.

En paralelo, dos de los cinco miembros del grupo de trabajo han despertado las sospechas del Gobierno al haber tenido «estrechas relaciones» con Ben Emmerson, el abogado que presentó la queja y que fue relator especial de la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson «hubiera exigido su abstención», según el Gabinete de Sánchez.

En su comparecencia, Borrell quiso subrayar que el Gobierno apoya estos procedimientos especial de la ONU «de forma totalmente leal» y que, por ello, considera especialmente importante «que se doten de mecanismos de financiación transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control» que garantice que no pueden ser objeto de manipulación.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí fue algo más concreta acerca de las quejas y alegó que los redactores del trabajo «parecen desconocer el delito» por el que los políticos catalanes están siendo procesados. Entiende también el Gobierno que el documento supone además una «interferencia clara» en el trabajo judicial.

Derechos vulnerados

La percepción contraria tiene Torra, que ayer reclamó por carta a Sánchez y a la Fiscalía General del Estado a atender el documento del grupo de trabajo de la ONU y exigir la libertad de los «presos políticos» y una «indemnización» para ellos. Según la misiva, «no cumplirlo sería un desistimiento de las obligaciones que tiene como poder público con respecto a la defensa de los derechos humanos».

«Usted sabe que en este momento hay ciudadanos del Estado español que ven vulnerados los derechos más básicos [...] Más allá de las consideraciones legales, su libertad es una obligación moral y humanitaria», añade la carta, en la que el ‘president’ reclama asimismo «una investigación para depurar responsabilidades» y que emplace a que se tomen medidas para que «los responsables de esta vulneración flagrante de derechos humanos respondan por sus actos».