Las peritas apuntalan la tesis de la malversación de fondos del 1-O

Las tres funcionarias del Ministerio de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado que han actuado este miércoles de peritos en el juicio del 'procés' que se está celebrando el Tribunal Supremo han demontado la tesis de las defensas de los dirigentes independentistas sobre la inexistencia del delito de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados porque se supendieron los pagos, se devolvieron o anularon las facturas o simplemente se renunció a su cobro, tal y como han declarado en la vista alguno de los profesionales que supuestamente realizaron labores ligadas a la consulta soberanista. 

Según estas funcionarias, el perjuicio al patrimonio público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los encargos de publicidad, de puesta en marcha de webs o de diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal. "El perjuicio para la hacienda pública no es cuando se paga, que es totalmente irrrelevante, indiferente y absolutamente inocuo, sino cuando se entiende realizado el gasto, que es con el reconocimiento de la obligación o con la prestación del servicio", ha subrayado una de las peritas, que han sido propuestas por la fiscalía y la abogada del Estado. Es decir, ha detallado otra técnica, lo importante es si se ha realizado o no el trabajo, "no tanto si se ha emitido o no la factura".

Las técnicas también se han referido a otros aspectos que, según las acusaciones, apuntalan la imputación de malversación, como los servicios realizados por el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) y el supuesto pago de observadores internacionales o las campañas de publicidad que se encargaron a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ambas entidades forman parte de la hacienda pública catalana, ha puntualizado una de las expertas que, además, ha incidido en que los servicios públicos "no son gratuitos". Asimismo, han cuantificado en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat comprometió para financiar el referéndum unilateral.

Las peritas han concretado, además, que el Ministerio de Hacienda presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas al detectar indicios de gastos vinculados a la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que se destinaron 3,03 millones de euros de fondos públicos para la consulta. Ante las preguntas de las defensas, una de las funcionarias de Hacienda ha espetado: “Nosotros no realizamos un trabajo de investigación, pues no somos policía judicial. Hacemos un análisis de la documentación emitida por la interventora general”.

Movilización no violenta

La segunda pericial de la jornada la propuso la defensa de Jordi Cuixart sobre el "análisis estratégico del procés". Los sociologos John Paul Lederach y Jesús Castañar defendieron la actitud pacífica y resistencia  no violenta de las movilizaciones ciudadanas que se produjeron el 20 de septiembre del 2017 durante el registro de la Conselleria Economia y durante la jornada del 1-O. Los expertos han argumentado que los desperfectos que sufrieron coches de la Guardia Civil el 20-S fue una “ruptura de la disciplina no violenta". "No es que se haya roto los coches, sino que pequeños actos poco a poco han dado lugar a la destrucción" de los vehículos, señaló uno de los peritos.

Respecto al 1-O, los peritos recalcaron que  constituye un ejemplo de "no colaboración e interposición no violenta". "Se nota que requiere otro nivel de preparación, que se mantuvo en su mayoría la perspectiva no violenta, pero faltaba la preparación para los momentos más fuertes cuando llegan los cuerpos de seguridad. Quizá no todos tenían el mismo nivel de entrenamiento desde la perspectiva de la no violencia", han explicado. Es decir, pudieron producirse actos puntuales de tensión. Al entender de estos expertos, el hecho de que el referendum estuviera convocado por el Gobierno, daba más fuerza a la gente para adherirse.