La presidenta de los medios públicos torpedea la defensa de Turull

Sabido es en los círculos militares que uno de los peores riesgos que se afrontan en la primera línea de una batalla es el fuego amigo, es decir, las balas procedentes del mismo bando. Sin un solo rastro en forma siquiera de recibo de las papeletas, de la distribución de ellas o de las urnas, el único elemento que pone en un brete la defensa del ‘exconseller’ Jordi Turull en cuanto a la eventual malversación son dos facturas emitidas por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de donde penden tanto TV-3 como Catalunya Ràdio. Estas facturas fueron aportadas por la presidenta de la ‘Corpo’, Núria Llorach, nombrada a propuesta de CDC. La CCMA depende directamente de la Conselleria de Presidència.

La imputación de Llorach, así como de los directores de los medios, Vicent Sanchis (TV-3) y Saül Gordillo (Catalunya Ràdio), acarrea consigo la cara más cruenta de la guerra no siempre soterrada entre la posconvergencia y ERC. Tal y como avanzó eldiario.es, las dos facturas (a las que también) ha tenido acceso este diario suman un importe de 336.143, 34 euros. Una primera de 112.747,27 euros (IVA incluido), emitida el 14 de septiembre, y una segunda, por 223.396,07 euros, del 5 de octubre.

En pleno pleno

Como la propia Llorach detalló a la Guardia Civil -en un mail enviado a las 13.46 del día que en el Parlament se declaró la independencia, es decir, en el transcurso del pleno del 27 de octubre del 2017-, el encargo se recibió el 24 de agosto. Y antes, según fuentes conocedoras de los entresijos del 1-O, se había celebrado una reunión en el Palau de la Generalitat entre la propia Llorach, el ‘president’ Carles Puigdemont y Turull en la que se acordó que la emisión de estos anuncios se haría vía campaña gratuita. Es decir, lo que tenía que ser una campaña que no dejara rastro ha acabado con sendas facturas emitidas por una correligionaria del propio Turull.

Al menos eso se deduce del organigrama que entregó la propia Llorach a la Guardia Civil donde queda claro que el director de Márqueting y Comercial, Marti Patxot, así como Sanchis y Gordillo, quedan en un peldaño inferior a ella. Y a su vez, la administradora única por debajo del Govern.

Y, claro, de fondo, la guerra JxCat-ERC. Una guerra que tiene como eje quién asume las competencias para aceptar la campaña, si el director del medio (Sanchis y Gordillo), por aquello del control de los contenidos, o bien del director comercial (Patxot). Este último proporcionó al juzgado una serie de correos electrónicos antes de la imputación de todos ellos. Gordillo, por su parte, tras entender que la selección de textos era sesgada y parcial la rebatió con toda la secuencia de mensajes que se cruzaron en esas fechas.

En los correos es perceptible el toma y daca entre ambos en cuanto al intento de Patxot por hacer que Gordillo asumiera unas competencias que este no entendía como propias: “Nunca hasta ahora en el ejercicio de mi cargo se me había preguntado y pedido sobre una campaña publicitaria”, alegaba Gordillo. “Como director de la radio eres el máximo responsable del contenido que se emite en tu medio…” insistía Patxot.

Las facturas, sin embargo, llevan el membrete de la CCMA y no de cada medio. Y en ellas se detalla el importe correspondiente a TV, radio y medios digitales.

Espaldarazo a Turull

Sin embargo, el director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, echó una mano con su declaración ante el Tribunal Supremo a Turull. El alto funcionario repitió la tesis que el ‘exconseller’ de Presidència defendió ante el juez Manuel Marchena cuando testificó en febrero: que las dos facturas emitidas por la directora de la CCMA no tenían que pagarse porque estaban dentro de un contrato marco. Por lo tanto, afirmó, esa emisión de la publicidad del referéndum tenía un “carácter gratuito”.

“Cuando son campañas informativas que se consideran de interés general se pueden emitir de manera gratuita, como pasó el 9-N”, dijo Turull en su momento. “Se habló con Brauli Duart [presidente en funciones de la ‘Corpo’], se dijo que se haría de manera gratuita. Era una potestad de la Generalitat. Cuando llegaron las facturas [de la CCMA], en Presidència nadie entendió nada”, añadió.

Este lunes, Esteve desveló algunos detalles más. Dijo que la Generalitat rechazó las facturas por un “defecto de forma”, porque se enviaron por correo electrónico y no por la plataforma que habitualmente se emplea a tal efecto. Además de desacreditar las facturas de la CCMA, el director del gabinete jurídico de la Generalitat, que está investigado por un juzgado de Barcelona por impulsar el 1-O, aseguró que no hubo ningún gasto público atribuible a la promoción del referéndum.

“No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente”, resumió.

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