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EL PULSO INDEPENDENTISTA

El Parlament desoye a sus letrados para dar amparo a Puigdemont

La Mesa lleva a la fiscalía unas amenazas al líder de Junts per Catalunya

El Periódico

Reunión de la Mesa del Parlament

Reunión de la Mesa del Parlament / FERRAN SENDRA

La Mesa del Parlament acordó este martes, con los votos favorables de JxCat y ERC y el rechazo de Ciutadans y el PSC, trasladar a la fiscalía las amenazas de las que denunció ser objeto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pese a que los letrados de la Cámara catalana se habían manifestado en contra.

Puigdemont había pedido amparo a la Mesa del Parlament por la amenaza que dijo haber recibido de un empresario que ofrecía una recompensa de 100.000 euros por secuestrarlo, pero los servicios jurídicos del legislativo catalán estimaron que este supuesto no estaba contemplado.

En su reunión de ayer, la Mesa acordó trasladar este caso a la fiscalía gracias a la mayoría independentista del órgano de gobierno del Parlament, con el voto en contra de Ciutadans y el PSC –el PPC y la CUP no tienen voto en la Mesa de la Cámara–.

El expresidente catalán remitió desde Waterloo (Bélgica) una carta al Parlament el 9 de abril pidiendo amparo legal a la Cámara por una amenaza de secuestro contra él: "Días atrás trascendió, a través de los medios de comunicación, que un empresario, de nombre Gerard Bellalta, ofrece la cantidad de 100.000 euros como recompensa por secuestrarme", señalaba la misiva.

El reglamento no lo ampara

"Al margen de las acciones que el ministerio público tendría que emprender contra alguien que declara públicamente la intención de cometer un delito de esta entidad, que puede incentivar acciones ilegales de espontáneos o de voluntarios de diferente índole, como miembro que soy del Parlament de Catalunya, pido amparo a la Mesa", expuso Puigdemont, y el órgano rector de la Cámara autonómica acordó pedir un informe a sus letrados.

En ese informe, los letrados concluyeron que el reglamento "no regula actualmente ningún derecho ni mecanismo específico que prevea la actuación de la Cámara para garantizar la protección jurídica" de sus miembros, y esto es lo que argumentaron Cs y PSC para rechazar que la Mesa llevase este caso a la fiscalía.