JUICIO DEL 'PROCÉS'

Marchena evita las "lecciones" al tribunal sobre autodeterminación

Ángeles Vázquez

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El presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, se ha visto obligado este jueves a aclarar los límites en los que discurrrá el interrogatorio de los testigos de la defensa: no pueden remontarse a 1934, ni tratar de 'colar' el ideario de un acusado, aunque sea el del líder de ERC, ni mucho menos intentar introducir "un peritaje jurídico". Ahí ha sido cuando el magistrado ha dado más explicaciones: "No puedo permitir que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Es un insulto a los miembros del tribunal".

El séptimo testigo, Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional, quiso explicar con todo lujo de detalle el libro blanco para la transición nacional con especial mención al derecho de autodeterminación. Marchena le interrumpió y, tras decir que los miembros del tribunal conocen ese documento y algunos hasta se lo han leído "de la primera a la última página", recordó al letrado Benet Salellas, como él "sabe bien", que el sistema judicial español "no permite el peritaje jurídico", ni siquiera a través de un testigo. 

"No podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un catedrático a los magistrados del Supremo. La Sala no puede escuchar una lección de Derecho Constitucional", agregó para a continución permitir al letrado reconducir sus preguntas y seguir ahondando en el libro blanco con el siguiente testigo, el exletrado del Parlament Joan Vintró, quien aseguró que las referencias del libro blanco a la movilización ciudadana para forzar una negociación con el gobierno en ningún momento preveían "el uso de la fuerza o la violencia".  

No violencia

Quizá gracias a esa referencia fue por la que la abogada del Estado Rosa María Seoane se interesó por la "fuerza" cuando le llegó el turno de interrogar al exdiputado de la CUP David Fernàndez. Él salió por la tangente, pidiéndole que definiera fuerza y acabó amparándose en la "fortaleza" con la que te resiste a la actuación policial. Hasta entonces, al igual que el testigo que le había precedido en el estrado, Rubén Wagensberg, de ERC, había definido el 1-O como el "mayor acto de desobediencia civil de Europa", sin visos de violencia, salvo "excepcionalmente alguna situación", que después, y ante la insistencia del fiscal, definió de "puntual, marginal y metonímica".

"No hay ningún espacio de violencia como el que describe", le respondió al representante del ministerio público cuando se interesaba por el detalle de los talleres de resistencia que impartió. "Si 2,3 millones hubiesen seguido una estrategia violenta no estaríamos hablando en estos términos de lo que ocurrió en Catalunya", ejemplificó Fernàndez, que aprovechó para reconocer que era "absolutamente consciente" de la prohibición que pesaba sobre el referéndum y la desobedeció "a conciencia, como el 9-N".

Y tras admitir lo que podría ser un delito de sedición, lo extendió a la mitad de la población catalana. "Y no solo yo, dos millones y medio de personas también la desobedecieron. Mientras sea delito seguiré desobedeciendo", anunció.

Fue el más contundente de los primeros testigos llamados por Oriol Junqueras y Raül Romeva para tratar de defender la actividad del Diplocat, de lo que se encargó entre otros el primer teniente de alcalde Barcelona, Gerardo Pisarello, o para acreditar el pacifismo del líder de ERC.

De esto se encargó la alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Mayte Aymerich, que relató cómo acompañó a Junqueras a votar después de que el colegio en el que lo tenía previsto fuera clausurado por los Mossos. Cuando llegó, ya vista la polémeca actuación policial de ese día, el entonces vicepresidente de la Generalitat optó por pedir "serenidad" a las personas que esperaban para participar en el referéndum ilegal, porque estaba convencido de que a través de esa actitud defenderían "la democracia".