JUICIO DEL PROCÉS

Batlle: "Nunca tuve dudas de que los Mossos cumplirían con la ley"

Empleados de Unipost reconocen que sospechaban que se estaba haciendo trabajos para el referéndum del 1-0

El dirigente de un colectivo de Mossos independentistas admite que la función policial era "intentar" respetar la Constitución

Albert Batlle declara en el Tribunal Supremo.

Albert Batlle declara en el Tribunal Supremo. / SEÑAL SUPREMO

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El exdirector de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha asegurado este martes en el juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo que cuando cesó de su cargo, en julio del 2017, recordó a los miembros de la Policía de la Generalitat lo que siempre había manifestado desde que tomó posesión de su cargo que "se debían al servicio de la ley" y ha subrayado que él nunca tuvo dudas sobre el comportamiento futuro del cuerpo policial.  Ha explicado que después del nombramiento como conseller d'Interior a Joaquim Forn, que reveló en el cargo a Jordi Jané, presentó su carta de dimisión, principalmente porque consideraba que el nuevo responsable de la cartera tenía el derecho a nombrar a su propio equipo.

El que fuera máximo responsable de los Mossos ha admitido que no se sentía "cómodo". "Había un componente de incomodidad persona del cómo podían evolucionar las cosas", ha argumentado, para después relatar que también habían grupos políticos que apoyaban en ese momento al Gobierno catalán, en concreto la CUP, que también expresado en varias ocasiones su disconformidad con él sobre el comportamiento de los Mossos como "garantía del órden público en Catalunya". "Había tenido serios enfrentamiento. Pero mi dimisión era producto de un cúmulo de factores. Pero el principal era la lealtad con el conseller entrante para poder formar su equipo", ha recalcado.  A preguntas de la defensa de Forn, ha incidido que el mayor Josep Lluis Trapero era muy celoso de sus competencias y "no hubiera permitido cualquier intromisión del poder político".

Los empleados de Unipost

La primera tanda de testigos estaba compuesta por trabajadores y ejecutivos de la empresa Unipost que, según la acusación, facturó cerca de un millón de euros a diversos departamentos de la Generalitat para la distribución de material electoral para el 1-O. En las entradas y registros de hallaron documentos sobre este encargo y en sus naves unas 50.000 cartas certificadas para la designación de los miembros de las mesas de votación.

Uno de los trabajadores ha asegurado que unas facturas remitida a algunas Consellerias y supuestamente vinculadas a esta labor se anularon y después de hicieron una factura proforma, a la vez que precisó que este trasvase se pudo haber producido por un “error” interno, que no solo se daba en el caso de la Administración autonómica, sino también con otros clientes. La fiscalía sostiene que la emisión en su de una factura es un compromiso de pago, lo que conlleva a la comisión de un delito de malversación de fondos público.

Otro empleado ha explicado que entre la plantilla se hablaba y se sospechaba que los encargos de la Generalitat era la distribución de material electoral para el referéndum y que en algunos sectores no se entendía cómo la empresa, ya con dificultades económicas, se implicaba en ese asunto con el “riesgo” que suponía ante la posibilidad de perder clientes, pues trabajaban en España. Este testigo ha relatado también que él recibió una orden de trabajo para repartir una serie de material, pero que no se hizo porque nunca se realizó. Y es que las cartas certificadas habían  sido incautadas por la Guardia Civil en una nave de Unipost. Ha reconocido que la orden era de prioridad.

El Mosso independentista

Albert Donaire, dirigente del colectivo Mossos per la Independència, ha confesado, por su parte, ser el autor de algunos tuits a favor del referéndum del 1-O, aunque también recordó, a preguntas de las acusaciones, que la función de la Policía de la Generalitat era respetar las resoluciones de "no causar un daño mayor a la población" e "intentar cumplir siempre con la Constitución". El 7 de septiembre del 2017, escribió en el la red social: "Como Mossos estoy al lado del Govern para que se celebre con normalidad el 1-O". A este mensaje adjuntaba una foto suya vestido de uniforme cuadrándose ante una 'estelada'. Este agente, que ha sido investigado por Asuntos Internos del cuerpo y expedientado, ha especificado que él fue destinado en la jornada de votación a un centro de Ribes de Freser, pero que no levantó acta alguna porque no se intervino material ante la acumulación de personas que había en la zona. Se desvinculó de Jordi Sánchez, con quien nunca se reunió, a pesar que el grupo al que pertenecía era una sectorial de la Assemblea Nacional de Catalunya.

Joan Ignasi Elena, que fuera coordinador del Pacte Nacional Referéndum, ha aportado bastante poco al juicio. Simplemente ha concretado en que consistía esta entidad, cuyo objetivo era explicar la necesidad de un referéndum acordado entre el Gobierno español y el catalán para resolver el conflicto en Catalunya, a la vez que no negado que se financiaran con fondo públicos. Todas las aportaciones económicas, ha recalcado, eran privadas. La que fuera presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, que esta entidad nunca tuvo nada que ver con la organización del referéndum y que "lo único que hicimos fue proponer a los ayuntamientos asociados (unos 800) que hicieran una declaración política de apoyo". 

Empujones y forcejeos

En la sesión de la tarde, el eurodiputado d'ERC y alcalde de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), Jordi Solé, ha reconocido que hubieron empujones y golpes delante de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), en la Via Laietana de Barcelona, el 20 de septiembre del 2017, durante un registro de la Guardia Civil. A pesar de que la actitud de la mayoría era "tranquila", ha admitido queen la salida de los miembros del instituto armado provocó un aumento de la tensión, con golpes a un vehículo policial no logotipado, empujones, forcejeos y gritos contra los agentes. En la Conselleria d'Economia, en cambio, no vio tensión "No vi ninguna amenaza, ninguna agresión, no vi ninguna situación de especial tensión", ha dicho salvo un episodio que duró "un par de minutos" cuando la Guardia Civil sacó a un detenido y un grupo de gente les increpó e incluso alguno dio golpes al coche.

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Anna Teixedó, jefa de protocolo de la Consellería d'Economia y que estuvo presente en el edificio hasta las tres de la mañana del día 20 de septiembre, ha explicado que asistió a algunas reuniones, como en la que se planteó la posibilidad de desconvocar la concentración, en la que 'los Jordis' dudaron de si eran "referentes para la gente" congregada. Finalmente, lo hicieron desde encima de los vehículos de la Guardia Civil.

De lo que no fue testigo es de ningún intento de asalto al edificio pero sí de cuando Jordi Sànchez, de quien le sorprendió su rol de interlocutor, ofreció que el exdiputado Lluis Llach acompañara a la secretaria judicial para salir del edificio por la puerta principal, una opción descartada de plano por la letrada y la Guardia Civil.