BALANCE DE GOBIERNO

Andalucía da el paso para limitar los mandatos a ocho años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en una junta de Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en una junta de Gobierno. / periodico

Julia Camacho

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El inicio de los trámites para la limitación de mandatos en Andalucía a un máximo de ocho años ha servido de excusa a PP y Ciudadanos para hacer un balance triunfal de sus primeros 100 días de Gobierno y presumir, en la recta final de la campaña electoral del 28-A, de estar cumpliendo la hoja de ruta trazada para este tiempo. Ni populares ni naranjas dudan en poner a la comunidad como modelo a implantar si logran los apoyos suficientes para instalarse en la Moncloa tras el próximo domingo.

Así, han aprovechado el Consejo de Gobierno andaluz para sacar pecho de estabilidad y del cumplimiento de sus promesas. "Hay Gobierno para rato", ha asegurado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, alabando el grado de entendimiento y coincidencia demostrado este tiempo pese a estar inmersos en una campaña electoral donde ambos partidos pugnan por un mismo terreno, el centroderecha.

La limitación de los mandatos era una de las tres últimas promesas sin realizar incluidas en las 21 medidas de Gobierno pactadas entre los dos partidos de derechas para los primeros 100 días, que se cumplen oficialmente la próxima semana. Pero cuando se encaran los últimos días de la campaña para las generales, y con dos debates de por medio, la posibilidad de atraer a los indecisos con el aval del cumplimiento y la gestión era muy tentadora, y no se ha dejado pasar. "Cumplimos con las promesas electorales", afirmó el presidente andaluz. "Este Ejecutivo cumple con los pactos que firma y con lo que dice", resumió como carta de presentación.

De esta forma, y pese a contar con el informe en contra del consejo consultivo, que apunta a que debe hacerse mediante una reforma del Estatuto Andaluz -y por tanto con referéndum de por medio-, el Ejecutivo andaluz ha iniciado este martes los trámites para la cambiar la ley 6/2006 de Gobierno y fijar así en ocho años el tiempo máximo que pueden estar en responsabilidades ejecutivas el presidente, vicepresidente y los consejeros, con independencia de los cambios de cartera. "Es saludable para no perder frescura", justificaron. Desde la Junta se mostraron, además, confiados en que el Tribunal Constitucional (TC) permita esa modificación de la ley sin tener que tocar el Estatuto, como ya sucedió en Asturias o Extremadura.

Junto a esa medida, ambas formaciones dan por cumplida la hoja de ruta para estos tres meses con un anteproyecto para blindar al profesorado andaluz como autoridad pública, al igual que ya ocurre con el personal sanitario, y con el inicio de un plan de coordinación entre administraciones sobre las políticas migratorias en materia de sanidad y asistencia social. "Con estas tres iniciativas aprobadas hoy ya no tenemos que hablar de lo que no hicieron otros, sino de lo que ya hemos hecho, y estamos haciendo", proclamó orgulloso Moreno Bonilla, quien comparó la situación de la comunidad con un reloj antiguo. "Si no se le da cuerda, se para. Nosotros le estamos dando cuerda al reloj, lo hemos desmontado y estamos limpiando el mecanismo para que funcione mejor", subrayó.

El acuerdo con Vox "funciona"

En rueda de prensa conjunta con el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), Moreno Bonilla alardeó de la "solidez" del acuerdo de legislatura y "la lealtad mutua" entre ambos. Pero sobre todo, presumió de ser "la fórmula positiva que va a generar confianza, seguridad, ilusión y progreso". Un acuerdo "para los cuatro años de legislatura, llueva, granice o haga viento" que, aseguró, no teme se vea afectado por los resultados de las urnas el próximo domingo. No obstante, los populares no ocultan que todo dependerá de la posición de Vox, cuyo acuerdo con el PP "ha funcionado"ha funcionado hasta el momento pero de quien temen que cara a la elaboración de los próximos presupuestos pueda endurecer sus exigencias políticas.

Tanto Moreno como Marín han contrapuesto la solvencia del proyecto PP-Cs con la herencia recibida del PSOE, formación hacia la que no han escatimado críticas. Atribuyeron a los socialistas "mala gestión", "indolencia" e "irresponsabilidad" y les acusaron de dejar las cuentas andaluzas en una "situación muy delicada". Así, sus datos hablan de 26.933 millones de euros sin ejecutar; casi 3.000 millones en subvenciones sin justificar4.600 millones de deuda "pendientes de cobro que la Junta no ha reclamado a sus acreedores" y 762 millones en condenas judiciales contra el Gobierno, de las que aún quedan por pagar más de 200.

Auditorías internas

Los dos dirigentes apuntan a que sus malos augurios se verán ratificados por las auditorías internas que se están realizando y cuyos resultados no darán a conocer hasta pasadas las elecciones generales por "responsabilidad" y para no influir de modo alguno en el resultado. Sus críticas llegaron incluso al punto de insinuar que "las chapuzas" de la gestión de los socialistas después de 36 años "creyendo que la administración era suya" rozan "la ilegalidad", aunque no tienen "constancia aún". "Pero no descarto que la haya", zanjó Moreno.